El ministro de Justicia Martín Soria sostiene que la Corte Suprema dio un golpe a las instituciones sin precedentes después de declarar la inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura y de emplazarlo a que en 120 días vuelva atrás en el tiempo y que pase a funcionar como lo hacía antes de 2006: con 20 miembros y con el presidente del máximo tribunal como cabeza de ese cuerpo encargado de la selección y sanción de los jueces así como de la administración del Poder Judicial–¿Qué significa este fallo en este momento?–Lamentablemente este fallo es la ratificación de lo que advertimos la semana pasada cuando mantuve la reunión con la Corte Suprema. Que la Corte declare inconstitucional una ley del año 2006 que la propia Corte ya había declarado constitucional en 2014 nos lleva a preguntarnos qué cambió. La respuesta es sencilla, lamentablemente ahora tenemos una Corte Suprema que ya no aplica el derecho, sino que juega a hacer política.–¿Por qué dice que la Corte juega a hacer política?–El fallo es una clara muestra de la utilización política que hacen de los tiempos procesales. Desde agosto de 2017 que el caso estaba en manos de los ministros de la Corte, por cuatro años mantuvieron dormido el expediente y ahora deciden desempolvarlo, contradiciendo incluso lo que habían dicho en 2014 en el fallo Monner Sans. Claramente es un antes y un después para nuestro país. En primer lugar, porque pasamos a tener una Corte que atenta contra la seguridad jurídica de nuestra Nación, fallando dos veces sobre el mismo caso y contradiciendo sus sentencias en tan solo siete años. En segundo lugar porque, una vez más, la Corte se está arrogando funciones legislativas, algo absolutamente incompatible con la función judicial. El fallo es inédito porque decide darle vigencia a una ley derogada por el Congreso hace quince años. Para recuperar su poder en el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema elimina de un plumazo la división de poderes. Lo increíble es que esto lo advierte incluso uno de los jueces de la Corte, diciendo que la decisión de sus colegas va en contra de lo que se aprende en el primer año de la facultad. Es una acusación muy grave, nunca vista, que habla del desprestigio interno que tiene la propia Corte. Los que hoy festejan esta declaración de inconstitucionalidad y se llenan la boca hablando de independencia judicial son los mismos que durante cuatro años negociaron con los jueces que ellos mismos designaron por decreto para frenar este fallo, porque en ese momento la composición del Consejo de la Magistratura les convenía. Tuvieron cuatro años para derogar esta ley, pero en cambio decidieron mantenerla, otra elocuente muestra de falta de imparcialidad.–¿Qué posibilidades hay de sacar una nueva ley en un plazo menor a cuatro meses?–Lo increíble es que la misma Corte que invalida una ley que tiene quince años de vigencia y que tardó cuatro años en sacar este fallo ahora imponga este irracional plazo de 120 días, dentro de los cuales el Consejo de la Magistratura debería convocar a elecciones de abogados y jueces, con una feria judicial de por medio, bajo amenaza de paralizar el funcionamiento del Consejo. Este repentino apuro demuestra que la única explicación de este fallo es la desbocada ambición de esta Corte que está ansiosa por tener más poder controlando el Consejo de la Magistratura. La decisión de (Horacio) Rosatti de autonombrarse presidente del Consejo, cuando no era ni siquiera un aspecto en consideración en el expediente es la prueba elocuente de esto.–¿Pero hay chances de avanzar con la ley?–Lo cierto es que el gobierno nacional ya envió al Congreso un proyecto de ley intachable. Ahora le toca a la oposición demostrar su compromiso con la democracia y con la división de poderes, porque es eso lo que está en juego: o legisla el Poder Legislativo o avalamos que un grupo de tres o cuatro personas elegidas para dictar sentencias asuman una función legislativa para la que nadie los eligió.–¿Piensa que efectivamente se puede obturar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura?–Volver a la composición de 20 integrantes en el Consejo en el plazo que estableció la Corte es casi impracticable, así que tenemos dos opciones: o la oposición permite que el Congreso asuma su función legislativa para sancionar una nueva ley, o en abril nos quedamos con un Consejo de la Magistratura paralizado. El fallo de la Corte pone en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial porque puede implicar la parálisis de las designaciones de jueces, de la administración del Poder Judicial, de las sanciones a jueces. La Corte le dio un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes. Pero incluso si se volviera a la composición de 20 consejeros, estaríamos volviendo a una composición que, en la práctica, demostró ser ineficiente, y que por eso se modificó en el año 2006. Hasta la reforma de 2006, se designaban a 31 jueces por año. A partir del 2006, pasamos a 45 jueces por año, casi un 50 por ciento más. La Corte está siendo contradictoria: en la reunión que tuve me señalaron el problema de las vacantes, pero ahora llaman a volver a una composición del Consejo de la Magistratura que no funcionaba, que era lenta y sólo provocaría más vacantes. Y para colmo lo hacen bajo la excusa de la independencia judicial, cuando lo cierto es que en los seis años en que rigió la ley de 1997 se removieron más jueces que en estos últimos quince años en los cuales estuvo vigente esta ley que ahora declaran inconstitucional. ¿De qué ataque a la independencia judicial hablan?
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/389931-martin-soria-la-corte-suprema-ya-no-aplica-el-derecho-sino-q
