El Gobierno planta postura por la marcha contra la Corte Suprema

El 1 de febrero habrá una marcha frente a la Corte Suprema de Justicia contra el funcionamiento de gran parte del Poder Judicial y para pedir «el fin del lawfare». Fue impulsada por sectores y personalidades afines al Frente de Todos y algunas de las consignas de la convocatoria son: «no a la Corte mafiosa», y «la podredumbre del Poder Judicial hay que terminarla con el pueblo en la calle». Desde el Gobierno puntualizaron a este diario que no se trata de una convocatoria propia, pero que está a favor de que «todas las personas se puedan expresar libremente». Recordaron que desde el oficialismo trabajan en una reforma judicial desde que asumió el presidente Alberto Fernández y que nunca ocultaron la mirada crítica sobre el desempeño del sistema en general y la Corte Suprema en particular. Como antesala, el Jefe de Estado dijo en diálogo con AM750 que «en la Corte hay un problema de funcionamiento muy serio». «Cuando en el año 2003, la reconstruimos con Néstor (Kirchner), no buscamos jueces que fueran afines a nosotros. La Argentina sintió que aquella Corte pasaba a tener otra calidad. Desde el momento en que el gobierno de (Mauricio) Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante», añadió el mandatario. En esa línea, consideró que «existe esta percepción ciudadana de que la Corte Suprema y la Justicia no están funcionando». Esa es una visión que el mandatario comparte con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que en reiteradas ocasiones cuestionó su funcionamiento, como cuando dijo que fue la propia Corte «la encargada de encabezar y dirigir el proceso de lawfare» y de garantizar la impunidad de los exfuncionarios de Cambiemos. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de una conferencia de prensa que dio este martes, aprovechó la ocasión para opinar del tema y dijo que le parece «muy grave el avance y ataque del gobierno nacional a la Corte». También se refirió a la marcha del 1F y cuestionó que «participen funcionarios nacionales» y que pidan la renuncia de los miembros.Algunos de los que comenzaron con la convocatoria para el primer día de febrero a las seis de la tarde fueron el juez de Dolores, Juan Ramos Padilla y el dirigente social, Luis D’Elía. Este último había dicho que «estamos hartos de ser perseguidos y manoseados» y consideró que sería bueno «ampliar la Corte», para de ese modo poder «aumentar el control popular» sobre el máximo tribunal. Luego, añadió: «Todos a la Corte Suprema a ponerle fin a esta Corte miserable». El dirigente también cuestionó que el expresidente Macri se encuentre vacacionando en la Patagonia con el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. «En Villa La Angostura está Macri con Rosenkrantz. Es una cosa asquerosa, una muestra brutal de lo que es el poder real en la Argentina», opinó.
D’Elía, que la semana pasada fue recibido por Cristina Caamaño, interventora de la AFI, para hacerle entrega de una carpeta con 500 fojas que contienen documentación sobre tareas de inteligencia ilegal que realizó la AFI macrista contra él, explicó que «la convocatoria a movilizarnos el 1F para exigir la renuncia de la CSJN al servicio de Macri, Magneto y la Embajada de EE.UU la impulsa el Juez Juan Ramos Padilla. Todxs lxs demás solo acompañamos». El 30 de diciembre el dirigente compartió por primera vez desde que Alberto Fernández es Presidente, un encuentro con él en la Quinta de Olivos.Ramos Padilla, en tanto, indicó que «si quieren descalificar se equivocan. Quieren decir que esta movilización la convoca el Gobierno, pero, como siempre, mienten. Yo asumo la responsabilidad, me sume a argentinos de bien, que quieren expresarse el 1F». «¿No les da vergüenza mentir tanto? Usan a la mafia judicial como una herramienta contra el pueblo y se victimizan. Espías, causas inventadas, persecuciones», enumeró.Desde el Gobierno se escuchó la voz del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que opinó que «hay mucha gente con hartazgo». En esa línea, destacó que «siempre avalo toda expresión popular directa. Me parece sano y estoy de acuerdo cuando, sin intermediarios, la gente le dice a los poderes hegemónicos su opinión y les pide límites». «Hay límites que el gobierno de Mauricio Macri superó, barriendo con todo en materia de manipulación política, judicial y protección del poder mediático y eso genera hartazgo. Me parece muy positiva la movilización», insistió el funcionario en diálogo con el Destape.La Ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, también se refirió a la marcha: «El derecho a expresarse y decir que el servicio de justicia funciona mal es un derecho constitucional. Nosotros creemos en una justicia democrática e independiente y que sea igual para todos los ciudadanos. Siempre nos van a encontrar construyendo en ese sentido», dijo en diálogo con Futurock. Luego, Álvarez Rodríguez evaluó que «vivimos una situación grave y necesitamos respuestas del poder judicial y de los partidos políticos expresándose al respecto».El Presidente reflexionó que «cuando la Justicia funciona mal, funciona mal para los ciudadanos», y evaluó que «el problema es muy agudo». Consultado sobre si va a enviar al Congreso algún proyecto de ley para ampliar la Corte o para modificarla, respondió: «Tiempo al tiempo, estamos viendo». El viceministro de Justicia, en esa línea, subrayó que «hemos enviado proyectos para adecuar el funcionamiento del órgano de administración del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, de fortalecimiento de la Justicia Federal y otras que se irán atendiendo para las demás áreas». «Es necesario conjugar todos los proyectos sobre la reforma judicial, no pueden ser propuestas aisladas y, como dijo el Presidente, el Gobierno está trabajando y los va a impulsar», concluyó.