Organizaciones sociales y políticas rechazaron este jueves la detención dispuesta por la justicia de siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu durante un “violento” desalojo de predios ocupados en Villa Mascardi y repudiaron el traslado de cuatro de ellas al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, una decisión que las abogadas defensoras consideraron una “pena adicional” y cuestionaron por “falta de perspectiva de género”.
Justicia Legítima, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el colectivo Actrices Argentinas, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente Patria Grande fueron algunas de las organizaciones que se pronunciaron sobre el tema.
“Expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo hermano Mapuche y repudiamos la represión desatada contra la comunidad Lafken Winkul en Lago Mascardi, Río Negro”, expresó a través de un comunicado el movimiento Justicia Legítima, un grupo integrado por magistrados, jueces y empleados judiciales.
En esa línea, la organización indicó que la “dilatada conflictividad” en esa zona “requeriría del Estado Nacional y el Provincial” para buscar “acuerdos razonables y ajustados a derecho” y no “la represión y el desalojo” durante el operativo realizado el martes pasado en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche.
“Estas políticas de no diálogo con las autoridades comunitarias y su criminalización deben cambiar. Llamamos a la reflexión a las autoridades nacionales y provinciales para que convoquen al diálogo y cesen toda violencia institucional en nuestra Patagonia”, sugirió Justicia Legítima.
Según informaron fuerzas federales, cuatro de las siete mujeres detenidas fueron trasladadas en las últimas horas de ayer al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, por orden de la jueza federal Silvina Domínguez, que argumentó que en Río Negro no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres.
Por su lado, los abogados de las detenidas cuestionaron esa decisión por tener “falta de perspectiva de género” y la consideraron una “pena adicional” que implica “llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar.
“El hecho del que se las acusa es en la Patagonia. La jueza que ordenó su detención es de allá. No entendemos este destrato hacia estas cuatro mujeres”, indicó el abogado y director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.
Para el referente del CELS se trató de una “medida extremadamente violeta” y que está basada “en su calidad de mujeres y en su identidad cultural, ser mapuche”.
“No conocen los cargos que se les acusan y no han podido tener contacto con los abogados”, subrayó Morales.
En esa sintonía, el instituto de políticas sobre delitos, seguridad y violencias En Foco también repudió “la detención y maltrato a mujeres, niñas y niños detenidos, y el traslado a la cárcel de Ezeiza de las mujeres detenidas”.
“Vemos con preocupación el accionar judicial que decretó el secreto de sumario impidiendo el derecho a la defensa y, con ello, el acceso a la información sobre el estado de salud de las detenidas”, detalló En Foco a través de un comunicado.
“La violencia como primera alternativa solo provoca escaladas en el conflicto. Hay formas de la mediación que encaminan y apuntan a la solución. Ejemplo de esto fueron las mesas de solución alternativa de conflictos conformadas entre áreas del gobierno nacional y la comunidad mapuche en 2020”Comunicado del Instituo En Foco
Según el instituto, las “tensiones” en la zona de Villa Mascardi “se agravaron” desde el asesinato en 2017 de Rafael Nahuel, un joven mapuche que murió tras un disparo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina durante un operativo en esa zona.
“La violencia como primera alternativa solo provoca escaladas en el conflicto. Hay formas de la mediación que encaminan y apuntan a la solución. Ejemplo de esto fueron las mesas de solución alternativa de conflictos conformadas entre áreas del gobierno nacional y la comunidad mapuche en 2020”, argumentó el instituto en su texto.
Asimismo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también repudió las detenciones y traslados, los que consideró “un despojo de sus territorios y vulneración a los derechos de las comunidades”.
“En un contexto de fogoneo de grupos de derecha que se manifiestan con expresiones racistas y de odio, la única respuesta del gobierno nacional no puede ser un accionar represivo de las fuerzas de seguridad”, expresó la organización en sus redes sociales.
En ese sentido, la UTEP destacó: “No son terroristas, son pueblos originarios históricamente postergados, cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados por la ausencia de respuestas concretas del Estado”.
“Es necesario que se reactive el INAI, actualmente paralizado, para continuar con los relevamientos de las comunidades y avanzar en la solución definitiva a los problemas de hambre, tierra y exclusión que sufren los pueblos originariosComunicado de Patria Grande
Otro organismo que también rechazó el accionar de las fuerzas de seguridad en Villa Mascardi fue el Frente Patria Grande, que sostuvo que el Gobierno nacional, en vez de “promover el diálogo y la paz”, intervino de “forma represiva”.
“Es necesario que se reactive el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), actualmente paralizado, para continuar con los relevamientos de las comunidades y avanzar en la solución definitiva a los problemas de hambre, tierra y exclusión que sufren los pueblos originarios históricamente postergados no solamente en la Patagonia sino en todo el país”, resaltó el Frente Patria Grande en un comunicado.
Por su parte, el colectivo Actrices Argentinas también exigió “la inmediata libertad” de las siete mujeres detenidas de la comunidad mapuche y puso el acento en que una de ellas está embarazada y atraviesa un “parto en cautiverio”.
“¡Basta de represión al pueblo mapuche! ¡Difundamos este avasallamiento a los derechos humanos más básicos!”, expresó la agrupación en su cuenta de Twitter.
