Todavía hoy las mujeres en situación de víctimas deben soportar cuando denuncian, ya sea en sede policial o judicial, a funcionaries (hay honrosas excepciones) que las consideran sospechosas o con una condición psicológica que las ubica casi en el papel de “cómplices” de su propio victimario.
Esta inadecuada conducta está legitimada por miembros del Poder Judicial como el Dr. Jorge García, Procurador General de la Provincia de Entre Ríos cuando dijo en su última conferencia de prensa que “cada perverso o psicópata que somete a su víctima es igual que en los casos de abuso sexual, hay víctimas que están predispuestas a estas situaciones”, afirmación que culpabiliza a las víctimas y además coloca erróneamente en el plano de la patología a esa inmensa cantidad de machos violentos, hijos sanos del patriarcado, que producimos en nuestra sociedad.
Y pregunto:
¿Qué es lo que pasa con fiscales y juezas-jueces que cuando un varón hostiga y amenaza de muerte a una mujer o a alguien integrante de LGTBIQ+ no le dan entidad a esas acciones y no toman medidas efectivas de protección sabiendo que hay grandes posibilidades que el sujeto denunciado actúe la amenaza?.
¿Es que no saben que un macho violento que viola una perimetral está dispuesto a seguir cruzando límites?.
¿No pueden establecer esa perimetral junto a otras medidas que posibiliten que haya una protección real y no la ficción de seguridad que desde sus despachos intentan crear?
¿Porqué son las mujeres amenazadas las que deben asegurarse su propia protección, dejar sus casas, usar botones antipánico, tener guardia policial que altera la vida de ellas y sus hijes y no se pone todo el peso institucional sobre los varones violentos? Que sean ellos los que usen dispositivos que permitan controlar sus movimientos para que sean detenidos al mínimo acercamiento a la zona de exclusión.
Pero estas medidas ante la emergencia no alcanzan ya que es necesario que el Poder Ejecutivo genere un dispositivo que intervenga, antes de que un posible asesinato se produzca, sobre el victimario y su red social así como con las víctimas de violencia machista.
Tenemos pactos internacionales con rango constitucional, la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en lo ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y la Ley 26.061 “Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, pero a la mayoría de los funcionarios judiciales, jueces y juezas, no se les cae una idea cuando se trata de proteger a mujeres, trans, travestis y niñes ante la violencia machista.
*Médico psiquiatra (MN 50747).
Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/202003/440475-opinion.html
