La Fiscalía de Guatemala anunció que pedirá dejar sin fueros al presidente electo, Bernardo Arévalo, por la ocupación de una universidad en 2022, elevando la incertidumbre a menos de dos meses de que deba asumir el cargo. Horas antes la Corte Suprema había rechazado un recurso presentado por Arévalo para frenar las acciones que considera son parte de un golpe de Estado en curso para evitar su asunción.
¿De qué se lo acusa al presidente electo?
En una rueda de prensa la Fiscalía acusó a Arévalo de participar en 2022 en la toma por la fuerza de la Universidad de San Carlos, en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores. El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la investigación, aseguró que el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
Durante la presentación del caso, el fiscal Sánchez mostró como supuestos indicios contra Arévalo capturas de pantalla de videos del presidente electo en las instalaciones de la universidad y al menos seis tuits en los que elogiaba la lucha de trabajadores, estudiantes y docentes de la institución. La Fiscalía también buscará que se le retire la inmunidad a Karin Herrera, vicepresidenta electa, a los diputados del Movimiento Semilla Samuel Pérez y Román Castellanos así como al diputado electo Raúl Barrera, entre otros, a quienes también acusa de haber participado en la toma.
La acusación detalla que los sindicados usaron la toma de la universidad como una “plataforma para sus candidaturas políticas”. Por este mismo caso la excandidata a diputada del partido Semilla Marcela Blanco fue detenida y se emitió orden de captura contra otras 25 personas, entre ellos exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.
“Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos”, escribió Arévalo en la red X, antes del nuevo anuncio de la Fiscalía. Entre mayo y junio de 2022 la sede central de la Universidad de San Carlos, la única estatal, estuvo ocupada por docentes y estudiantes. La ocupación fue llevada adelante en rechazo a lo que denunciaban como fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei.
El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras, fue fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por intentar intervenir en los resultados de los comicios y buscar cancelar al partido del presidente electo. Arévalo denunció públicamente, desde el primero de septiembre, a Porras de encabezar un intento de golpe de Estado en su contra para evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero.
Rechazo de la Corte
El miércoles la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el presidente electo para frenar las acciones de la Fiscalía que considera que son parte de un golpe en curso para evitar que asuma el poder en enero.
“Por unanimidad se deniega en definitiva el amparo” solicitado por Arévalo, informó el asesor de la Corte Suprema, Leonel Marroquín. Arévalo, de 65 años, había solicitado el 18 de septiembre al alto tribunal que deje sin efecto todas las actuaciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su partido Semilla, y en su lugar procesar a la fiscal general, Consuelo Porras.
El pedido también abarcaba al fiscal Rafael Curruchiche, que dirigió allanamientos a oficinas de TSE y al juez Fredy Orellana, quien ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su conformación en 2017. Los tres funcionarios son considerados por Estados Unidos como personajes “corruptos” y “antidemocráticos” y desde 2021 les prohibió el ingreso a su territorio.
La decisión de la Corte Suprema fue casi simultánea a la elección en el Congreso, dominado por el oficialismo, de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, un proceso pendiente desde 2019 y tras una condena en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Guatemala por el asedio judicial al proceso electoral y a Arévalo.
Arévalo sostiene que las acciones contra su partido obedecen a un golpe de Estado por el temor de las élites a su promesa de combatir la corrupción. En referencia al rechazo del amparo, la diputada electa de Semilla, Andrea Reyes, le dio la razón al mandatario electo: “Se entiende de que sí son acciones que van de alguna manera concatenadas al golpe”. Reyes agregó que aún tienen pendientes que se resuelvan otras acciones contra los funcionarios judiciales, entre ellos pedidos para que se les levanten los fueros.
La OEA denunció este miércoles los intentos de “impedir una transición pacífica del poder” en Guatemala, mientras que Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados de la segunda vuelta del 20 de agosto, en la que Arévalo se impuso por amplia mayoría ante la exprimera dama Sandra Torres. “Los allanamientos del Ministerio Público y otros esfuerzos encaminados a socavar la democracia en Guatemala son inaceptables. Quienes intenten interferir con una transición pacífica al presidente electo enfrentarán las consecuencias“, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense para América latina, Brian Nichols.
