Cuatro mujeres que habían sido detenidas este miércoles en el marco de los incidentes registrados entre manifestantes y efectivos de fuerzas de seguridad en inmediaciones del Congreso mientras se debatía la ley “Bases”, fueron liberadas este jueves, mientras la Unión Cívica Radical advirtió sobre un “peligroso avance represivo”.
La liberación de las mujeres fue confirmada por el Ministerio Público fiscal, mientras fuentes policiales consignaron que también hay pasadas las 15.30 otros dos hombres, que se encontraban detenidos hasta entonces, fueron liberados.
Se trata de dos personas que habían sido detenidas por incidentes, señalaron las fuentes.
Los dos hombres, cuyas identidades no se difundieron, fueron imputados por supuesto atentado contra la autoridad agravado, mientras a uno de ellos se le agregó la imputación por lesiones a un efectivo de Prefectura, según informaron a Télam fuentes al tanto del proceso.
A las cuatro mujeres, en tanto, se les imputó el delito de “resistencia a la autoridad” y se las sindicó como parte de una causa en la que interviene el fiscal porteño, Mariano Camblog.
Una de las liberadas es Ivana Bunge, militante de la UCR, quien fue aprehendida junto a otras tres mujeres por efectivos de la Policía Federal cuando, según denunciaron, se encontraban cantando el Himno Nacional en una de las calles adyacentes al Congreso.
Por su parte, el titular del comité nacional de la UCR, el senador nacional Martín Lousteau, se hizo eco de estas detenciones y le reclamó al Gobierno nacional, responsable del operativo, que diera información sobre el hecho.
La postura de la UCR
La UCR Nacional dejó sentada su postura en un posteo en la red social X (antes Twitter), donde advierten que “el oficialismo alienta un peligroso avance represivo sobre aquellos que piensan diferente y reclaman en forma pacífica” y emitió un comunicado en repudio de “la detención arbitraria” de la militante radical Bunge y de las otras tres mujeres aprehendidas.
“El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical repudia la detención arbitraria de Ivanna Bunge, militante radical y de Jennifer Bogarin, Agustina Goncalves y Abril Taborda, en el día de ayer en inmediaciones del Congreso de la Nación”, indicó el Comité en el texto.
— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 1, 2024
El radicalismo criticó el accionar policial al señalar que las detenidas fueron “sometidas” a “violencia y hostigamiento” al ser “trasladadas en horas de la noche a distintos establecimientos de detención, como así también la falta de respuestas inmediatas para su liberación”.
“Estamos convencidos que nuestro país debe recuperar el orden y la convivencia democrática. Ello no puede implicar, de ninguna manera, criminalizar la manifestación pacífica de la ciudadanía”, agrega el comunicado, en el que “exhortan” al Gobierno nacional a actuar “con la responsabilidad que exige el difícil momento que atraviesa nuestro país, sin sobreactuaciones y respetando los derechos, libertades y garantías de cada ciudadano”.
Además, el partido centenario cuestionó que efectivos de fuerzas de seguridad “exhiban” en sus uniformes “identificaciones partidarias del oficialismo”, en referencia a un agente que fue fotografiado en las inmediaciones del Congreso con la llamada “Bandera de Gadsden”, que representa una serpiente enroscada acompañada por la leyenda “No me pises”, que se identifica con posturas ultraliberales.
“La participación en el operativo de ayer de integrantes de fuerzas de seguridad exhibiendo en sus uniformes identificaciones partidarias del oficialismo nos recuerda a las peores prácticas autoritarias de quienes confunden partido y Estado”, apuntó la UCR.
En tanto, la diputada nacional radical por la provincia de Buenos Aires (Evolución) Danya Tavela calificó como “muy grave” la detención de los manifestantes.
“Fue muy grave la detención, ya estamos exagerando cualquier tipo de debate”, sostuvo la legisladora esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.
La diputada destacó que la gravedad está dada además porque “se produce en el marco del tratamiento de la ley Bases, que busca criminalizar la protesta”.
Desde el Ministerio de Seguridad se indicó que la policía actuó bajo instrucción de hacer cumplir el protocolo de orden público que prohíbe los cortes de calle durante las protestas.
Pese a las órdenes que recibieron las fuerzas de seguridad de desalojar las calles adyacentes al edificio parlamentario, las arterias quedaron igualmente ocupadas tanto por los efectivos como por los manifestantes.
