Página/12 en Perú
Desde Lima
Una hora antes de la medianoche del Viernes Santo se rompió la tranquilidad del feriado largo limeño, cuando la policía rodeó la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el barrio de Surquillo. Después que los fiscales tocaron insistentemente sin que nadie les abriese, los policías derribaron la puerta para ingresar a la casa, cumpliendo una orden judicial de allanamiento en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito que comenzó con el escándalo de los lujosos relojes Rolex de la mandataria.
Pasadas las cuatro a.m. del sábado, los fiscales también allanaron el Palacio de Gobierno. En este caso sí les abrieron la puerta. Ingresaron a la residencia presidencial oficial y al despacho de la mandataria. El gobierno calificó el allanamiento como “ilegal” e “inconstitucional”. Importantes juristas, sin embargo, han respaldado la legalidad del operativo.
Presidenta en “rebeldía”
Los allanamientos se produjeron después que esta semana, Boluarte no acudiera a declarar ante la Fiscalía en la investigación por sus relojes de lujo, que la prensa ha revelado a partir de fotos de actividades oficiales. La presidenta debía mostrar a los fiscales esos relojes. Serían quince los relojes, al menos tres de marca Rolex. La actitud negativa de Boluarte fue calificada por el fiscal general Juan Carlos Villena como “una rebeldía” frente a las autoridades judiciales con el objetivo de “entorpecer la investigación”.
Al ingresar por la fuerza a la vivienda de la presidenta, policías y fiscales encontraron en la casa a uno de sus dos hijos, ambos mayores de edad, quien no había abierto la puerta. Boluarte no estaba. Las autoridades revisaron con detenimiento todas las habitaciones. Buscaban los Rolex de la mandataria y documentación que ayude a aclarar las denuncias de corrupción. El allanamiento se prolongó hasta pasadas las cuatro a.m. Mientras la casa era allanada, en Palacio de Gobierno se encendían las luces. Y las alarmas. Comenzaron a llegar ministros. De la casa de Boluarte, fiscales y policías se dirigieron al Palacio de Gobierno para el segundo allanamiento. Desde el Ejecutivo se informó que Boluarte estaba en la residencia oficial y estuvo presente durante el operativo fiscal de cinco horas.
Una defensa que no se defiende
Boluarte habló en la tarde del sábado por televisión en un mensaje grabado. Apareció con su gabinete ministerial. Su discurso no ayudó a descomprimir la crisis porque no aclaró nada y buscó victimizarse. Se quejó de ser blanco de “una campaña de acoso sistemático” por las investigaciones por un posible enriquecimiento ilícito, atacó de “falsa” y “tendenciosa” a la prensa que reveló el escándalo y otras denuncias, y cuestionó a la Fiscalía por el allanamiento al que calificó de “inconstitucional, arbitrario, desproporcional y abusivo”. Pero no respondió a las acusaciones. La presidenta es parte de un proyecto autoritario con la mayoría de derecha del Congreso y dijo –sin un solo argumento– que había un complot y “un ataque a la democracia”. La democracia, más bien, se viene debilitando con su gobierno.
El abogado de la presidenta, Mateo Castañeda estuvo presente en ambos allanamientos y señaló que los fiscales fotografiaron “unos diez relojes” pero no los incautaron. Sin embargo, la orden judicial de allanamiento incluía la incautación. El abogado no dijo si esos relojes eran los Rolex que buscaban. La Fiscalía no ha confirmado esta versión. Según ha trascendido, en el acta de incautación del allanamiento a la casa de Boluarte se señala que se encontró documentación sobre la compra de uno de los relojes Rolex, realizada en julio de 2023. Costó algo más de 19 mil dólares.
Los Rolex tienen un número de serie con el que se puede identificar cuándo y dónde fueron comprados y quién los adquirió, las respuestas que Boluarte se niega a dar. Por eso el interés de la Fiscalía de ver estos relojes.
Otro golpe a la popularidad
El escándalo de los Rolex ha golpeado a un gobierno que ya venía muy debilitado en apoyo popular y escaló con otras revelaciones de posible enriquecimiento ilícito. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera indica que en las cuentas bancarias de Boluarte hay ingresos por 298 mil dólares no justificados que podrían estar relacionados con actividades de lavado. Los bienes declarados por la propia presidenta registran un incremento no explicado de 117 mil dólares desde su llegada al gobierno, como vicepresidenta y ministra en julio de 2021, y como presidenta desde diciembre de 2022. El diario La República reveló nuevas evidencias de la costosa frivolidad de Boluarte. El medio hace con expertos en joyería un análisis de fotos oficiales de las actividades de la mandataria, en las que además de los lujosos relojes se le ve exhibiendo joyas como un brazalete Cartier de oro y diamantes valorizado en 54 mil dólares. Según esos expertos, las joyas vistas en diversas fotos estarían valorizadas en unos 500 mil dólares. Sus ingresos no explican ese gasto.
Congresistas de sectores de izquierda y centro promueven un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral y el adelanto de las elecciones. Pero a Boluarte la protege la derecha que es mayoría en el Parlamento unicameral. El fujimorismo –con su jefa Keiko Fujimori procesada por corrupción– y legisladores de otros sectores de ultraderecha y de la derecha, criticaron el allanamiento y atacaron a la Fiscalía. Son los mismos que hace un tiempo aplaudieron cuando en el gobierno de Pedro Castillo la Fiscalía allanó Palacio de Gobierno y la vivienda del entonces presidente, y ahora dicen que este allanamiento “es un maltrato a la investidura de la Presidencia”. Ante la magnitud del escándalo, algunos parlamentarios de derecha tomaron tímida distancia de Boluarte, pero no han respaldado una posible vacancia presidencial.
A las acusaciones de corrupción contra Boluarte se suma la denuncia fiscal por la muerte de 49 personas en la represión a las protestas contra su gobierno. En el Congreso la derecha la salvó de una destitución por este grave cargo.
