La próxima semana será clave para determinar el destino de la principal agroexportadora de capitales nacionales que entró en default a fines del año pasado. El 15 de octubre, los 109 accionistas se reunirán para nombrar un nuevo directorio y legitimar la estrategia de la empresa frente al proceso concursal que se tramita en el juzgado civil y comercial de la ciudad de Reconquista.
Pero la conformación de una nueva administración difícilmente pueda atemperar las desconfianzas que levantó el actual directorio integrado por los apellidos históricos de la cerealera: Vicentín, Buyatti, Padoán y Nardelli quienes están siendo investigados por presunto vaciamiento de la firma, lavado de activos y maniobras fraudulentas.
La tardía presentación del balance del 2019, que debía explicar pérdidas por más de 50 mil millones de pesos en un año, generó más dudas que certezas y ahora, una comisión ad hoc que nuclea a los acreedores internacionales instruyeron a sus abogados para que presenten en la fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para que se investigue presuntas estafas.
Es que del pasivo total que supera los 1.400 millones de dólares, más de 500 millones corresponden a bancos extranjeros, entre ellos el Rabobank, el Credit Agricole, el ING Groep y la entidad crediticia del Banco Mundial, la International Finance Corp quienes ya habían solicitado a la justicia copias de las transferencias efectuadas por Vicentín.
La preocupación escaló al punto tal que fue tema de conversación en la comunicación telefónica que mantuvo Alberto Fernández con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte el lunes pasado. Más del 50 por ciento de la deuda extranjera de Vicentín está certificada con bancos de origen holandés.
