El Gobierno de Guatemala denunció este jueves al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila, por malversación de fondos públicos. La demanda fue realizada por el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, ante la Contraloría General de Cuentas del país centroamericano.
Le denuncia nació por órdenes del presidente Bernardo Arévalo de León, alegando que hubo un supuesto uso de fondos públicos de manera ilegal para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero, específicamente en Estados Unidos.
“El 16 de noviembre de 2021, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila, dirigió un oficio al presidente en aquel entonces, Alejandro Giammattei”, expuso el secretario general de la presidencia ante periodistas. En el oficio, Pineda Ávila solicitó aval a Giammattei para poder contratar a un despacho de abogados en EE.UU. para perseguir a guatemaltecos exiliados en el extranjero, añadió Guerrero. De acuerdo a la misma fuente, el exmandatario aceptó la contratación de los abogados por un monto de alrededor de 57.000 dólares.
Durante el Gobierno de Giammattei, más de 50 personas entre periodistas, jueces y fiscales tuvieron que salir exiliados debido a la persecución del Ministerio Público. Pineda Ávila fue en 2023 uno de los promotores para evitar la investidura del nuevo presidente guatemalteco, que finalmente se concretó el pasado 14 de enero.
A la carga contra Porras
Esta es la segunda denuncia del Gobierno contra la Fiscalía. La semana pasada demandó por incumplimiento de deberes a la fiscal general, Consuelo Porras, la protagonista de la cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial.
La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema por el procurador general Julio Saavedra, quien pidió el retiro de la inmunidad para la jefa de la Fiscalía. “Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero”, informó el procurador.
En aquella reunión en la Casa Presidencial, Porras se retiró anticipadamente al argumentar que la ley le prohibía participar en una junta de ministros, pues infringía la autonomía de la Fiscalía. Sin embargo, Saavedra señaló que la ley del Ministerio Público le obliga al fiscal general a atender las convocatorias del presidente y que rehusarse “podría enmarcarse en una conducta delictiva de incumplimiento de deberes”.
