La justicia electoral de Brasil determinó por mayoría inhabilitar al expresidente Jair Bolsonaro para presentarse a cargos públicos hasta 2030, al declararlo culpable de “abusos de poder” por diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema de comicios brasileño ante embajadores de países extranjeros.
Con esta decisión, adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el líder de la ultraderecha, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios en los que le ganó Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente del TSE, el juez Alexandre de Moraes, profirió el último voto. Según él, la sentencia es una respuesta al “degradante populismo nacido en los discursos de odio y antidemocráticos, que propagan una asquerosa desinformación no sólo en Brasil, sino en todo el mundo, con el único objetivo de engañar a los electores”. De Moraes había sido objeto de virulentos y permanentes ataques del bolsonarismo antes y durante la campaña electoral, en la que fue acusado, sin prueba alguna, de maniobrar para favorecer a Lula.
Tras conocerse la condena, el líder ultraderechista tachó el fallo de “puñalada en la espalda” y señaló que apelará ante la corte suprema. “No estoy muerto, vamos a seguir trabajando. Mi apelación será ante el Supremo Tribunal Federal”, afirmó Bolsonaro a periodistas en Belo Horizonte, al sureste de Minas Gerais, estimando que con la decisión judicial, Brasil se encamina “hacia una dictadura”. También está esperanzado en la posibilidad ya anticipada por algunos de sus correligionarios políticos de que el Congreso apruebe un proyecto de ley amnistiando a los condenados por delitos electorales en 2022, que lo beneficiaría y lo volvería a habilitar políticamente.
Es un “gran dia”
El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, aseguró que el gobierno le exigirá a Bolsonaro una indemnización: “La decisión del tribunal prueba que fueron perpetrados ataques abusivos al sistema de justicia y al orden jurídico. Por ese motivo, enviaré una petición a la Abogacía General del Gobierno para que analice la posibilidad de exigirle una indemnización por los daños que le causó al Poder Judicial y a la propia sociedad”, indicó.
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que la condena contra el exmandatario fue el primer paso “hacia la rendición de cuentas por los crímenes en serie cometidos y la organización criminal que encabeza”. Y añadió: “No se trata de festejar que Bolsonaro no pueda disputar las elecciones (presidenciales) de 2026, que es algo muy distante de nuestras preocupaciones. Se trata de dejar claro el papel del expresidente en los ataques a la democracia y en no aceptar el resultado de las urnas”.
Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), consideró que la decisión de los magistrados “tiene una enorme forma didáctica y condena los métodos de la extrema derecha, la diseminación industrial de mentiras, amenazas a la democracia y el uso del poder público para perseguir adversarios y prevalecer en la disputa electoral”. Para ella, se trata de un “gran día” –frase que usaba el exmandatario de ultraderecha para celebrar sus logros– demostrando que “la defensa de la democracia y el enfrentamiento al fascismo permanecen en el orden del día” de la sociedad brasileña.
La causa judicial
El TSE estudió una demanda del Partido Democrático Laborista (PDT) contra Bolsonaro, quien en julio de 2022 organizó en el Palacio del Planalto una reunión con diplomáticos y embajadores extranjeros. De acuerdo con esta denuncia, el exmandatario utilizó el encuentro para difundir, sin pruebas, acusaciones sobre la fiabilidad de las elecciones de 2022.
Ese hecho, según dice la sentencia, constituyó un “abuso de poder
político, conductas vedadas y desorden informativo” y también un “uso
indebido de predios públicos y medios de comunicación”, pues Bolsonaro
ordenó que la televisión pública transmitiera el evento. Es más, según dijeron algunos jueces, dicha situación pudo incitar el asalto a las sedes de los tres poderes el pasado 8 de enero, cuando una horda de bolsonaristas sembró el caos con la intención de llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar a Lula.
Entre los jueces que votaron en contra de la inhabilitación, estaba el juez Raul Araújo. Si bien reconoció que Bolsonaro difundió información falsa sobre el sistema electoral en aquella reunión con embajadores, consideró que no cumplía con “el requisito de gravedad suficiente”. También defendió que se tomaron medidas suficientes para que esa reunión no tuviera repercusiones electorales, citando la retirada de la grabación de internet, además de desestimar el impacto que pudo haber tenido, porque eran argumentos ya conocidos por los seguidores del expresidente brasileño.
El derrotero de Bolsonaro
Conocido por su estilo provocador y divisivo que le hizo ganar el apodo de “Trump tropical”, Bolsonaro irrumpió en el escenario nacional como candidato presidencial en 2018. Con un seductor discurso anticorrupción y de “outsider”, cautivó durante la campaña a muchos brasileños, hartos de los partidos tradicionales salpicados por polémicas. Sobrevivió a un ataque con cuchillo perpetrado durante un acto electoral y eso solo hizo incrementar la fe de sus seguidores en su “Mesias”, segundo nombre de Bolsonaro. Contó con el apoyo de los influyentes ‘lobbies’ de las armas, el agronegocio y el vasto electorado evangélico.
Su presidencia se erosionó especialmente por su manejo de la pandemia del coronavirus, que en Brasil dejó 700.000 muertos, solo por debajo de Estados Unidos en números absolutos. El exmandatario restó importancia al covid-19, desafió los datos científicos para combatirlo, se burló del uso de mascarillas y advirtió que las vacunas podrían convertir a las personas en cocodrilo. A su vez, fue criticado internacionalmente por la deforestación de la Amazonía, que aumentó más del 70% durante su mandato respecto al promedio anual de la década anterior.
Luego de perder por un estrecho margen las elecciones, Bolsonaro se negó a felicitar a su adversario y a admitir abiertamente su derrota. Cayó en un silencio inédito, incluso en sus redes sociales, donde había sido hiperactivo. Viajó a Estados Unidos dos días antes del fin de su mandato y no asistió a la toma de posesión de Lula el 1 de enero. Una semana después, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y vandalizaron el palacio presidencial, el Congreso y la sede de la corte suprema, en un intento fallido por derrocar a Lula.
A su regreso a Brasil, el exmandatario enfrenta cinco procesos ante el máximo tribunal que podrían enviarlo a prisión. El más reciente investiga si instigó la asonada del 8 de enero. También es investigado por la policía y las autoridades tributarias por supuestamente haber intentado importar ilegalmente joyas valoradas en millones de dólares que él y su esposa, Michelle, recibieron de Arabia Saudita.
Adiós a los derechos políticos
Tras confirmarse la reciente condena, el exmandatario se convirtió en el tercer expresidente brasileño que es inhabilitado para disputar cargos electivos o ejercer cargos públicos desde el restablecimiento de la democracia, en 1985. El primero fue Fernando Collor, quien a principios de los años 90 fue acusado de participar en una trama corrupta, lo que desencadenó que el Congreso pusiera en marcha un juicio político con fines de destitución en su contra. En un contexto de grave crisis económica, Collor renunció a la presidencia con el objetivo de mantener sus derechos políticos. Pese a ello, el Senado aprobó su inhabilitación durante ocho años.
El actual presidente, Lula da Silva, también había sido declarado inelegible, pero por un motivo distinto. En 2018, el dirigente progresista fue condenado en segunda instancia a 12 años y 1 mes de cárcel por un caso de corrupción. Esa sentencia se encuadró en la llamada “Ley de Ficha Limpia”, que impide a condenados en segunda instancia concurrir a cargos electivos. Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema anuló esa y otra condena por corrupción contra Lula, un fallo que le permitió recuperar sus derechos políticos y presentarse a las presidenciales de 2022 y ganarle a Bolsonaro.
