El presidente de Colombia, Gustavo Petro, promulgó la reforma tributaria después de que el Congreso aprobara la medida con la que el gobierno pretende recaudar unos 20 mil millones de pesos (cerca de 4200 millones de dólares) adicionales al año que serán centrales para atender la cuestión social. Según Petro, la “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social” tiene como objetivo principal “atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal”.
“Se necesitan medidas anticíclicas”
“Aprobar una reforma tributaria no es fácil, nunca lo ha sido. Como congresista estuve como en 15 que siempre giraban en los mismos ejes que consistían en extender el IVA a la canasta básica, originando que las reformas tributarias nunca mejoraron las circunstancias de desigualdad social en Colombia“, dijo Petro en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo al firmar la ley.
El presidente colombiano dijo que el panorama económico mundial para el año próximo estará marcado por las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania y la crisis energética, y que incluso “se calientan las fronteras en Asia”, lo que indica que habrá recesión. Ese escenario hace prever que la economía colombiana enfrentará una tormenta por lo cual “se necesitan medidas anticíclicas, lo que implica aumentar el gasto público”.
La aprobación parlamentaria de la norma llevó tres meses de debates en el Congreso, a pesar de que el oficialismo y sus aliados cuentan con la mayoría. En la Casa de Nariño se dieron cita para la firma del documento el presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ministro de Hacienda, José Ocampo, entre otros altos funcionarios.
Para Ocampo la medida, que tendrá vigencia desde el primero de enero de 2023, “es una de las reformas tal vez más consultadas del gobierno”. El titular de Hacienda dijo que quedaron incorporadas “muchas normas que son bastante eficaces no solo para el ministerio de Hacienda, sino para todo el gobierno”. La oposición a la reforma fiscal fue uno de los puntos centrales de las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que le entregó la banda presidencial a Petro el pasado siete de agosto.
Mayor inversión social
La reforma tributaria fue aprobada por el Congreso en noviembre pasado con una disminución de su alcance respecto al proyecto del gobierno, que esperaba recaudar 25 mil millones de pesos (unos 5.260 millones de dólares). De acuerdo con la revista Cambio, el equipo jurídico de la presidencia “le dio largas a la firma con el propósito de que, al menos este año al que le restan muy pocos días, la reforma no sufra demandas de inconstitucionalidad”.
El dinero obtenido gracias a esta reforma se destinará principalmente al gasto social, por lo que se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En las discusiones el gobierno perdió la pulseada en varios temas, entre ellos su intención de gravar las pensiones altas, pero logró que se aprobara su propuesta de imponer una sobretasa en el impuesto de renta a las empresas petroleras y carboníferas del diez por ciento en el primer año, y un impuesto al patrimonio progresivo por cuatro años para las rentas altas.
La reforma tributaria gravará a empresas extranjeras con presencia económica significativa en Colombia como Netflix, Amazon o Uber, mientras que no lo hará con algunos productos básicos o de primera necesidad como el pan. También se aumentó el tributo a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas del diez por ciento en 2023, que ascenderá al 20 por ciento para 2025.
Los ingresos tributarios de Colombia son sustancialmente menores a los de otros países de América latina, incluso en comparación con las economías más sumergidas, indicó el gobierno de Petro, que lo atribuye en buena medida a “la complejidad del sistema tributario actual, que dificulta el pago de las obligaciones tributarias y favorece la evasión fiscal”.
Rumbo al acuerdo de paz
La reforma tributaria, que empezará a regir el año entrante, le permitirá a Petro darle más impulso a la implementación del acuerdo de paz firmado por el gobierno y la desmovilizada guerrilla de las FARC en 2016. “La reforma agraria para la paz tendrá un salto sustancial el año entrante. El cambio sustancial que ha tenido en estos meses es un mensaje a quienes permanecen en la violencia”, dijo Petro en ese sentido.
Según el mandatario de izquierda, el Estado también gana “capacidad para pagar sus compromisos” y eso se verá reflejado en la tasa de cambio. Aunque aclaró que “cualquier resfriado la cambia”, Petro confía en que siga la tendencia a la estabilidad. Por otro lado, remarcó que ninguna de las anteriores reformas tributarias mejoraron las condiciones de la sociedad colombiana.
“Tenemos que movernos en un objetivo de justicia social y financiar proyectos que logren este cometido. Estos recursos le generan mayor capacidad al gobierno para financiar”, puntualizó Petro. Al momento de la firma, el mandatario dijo que “solo hasta dentro de un año sabremos el impacto que esta reforma tributaria va a tener dentro del índice Gini, que sin duda debe mejorar en la desigualdad”.
