Tras el recorte de los aportes del gobierno de Javier Milei a los actores, el gobierno de Axel Kicillof avanza con la creación de una Ley Audiovisual que establece un fondo para la producción audiovisual de 675 millones.
En las últimas semanas, el peronismo trabajó los consensos para poder dar curso a un proyecto que había ingresado en junio. La ministra de Cultura, Florencia Saintout, estuvo ayer en la Legislatura defendiendo la necesidad de que el Incaa bonaerense tenga un fondo de financiamiento propio. También estuvo el actor Pablo Echarri, muy cercano al kirchnerismo y a Saintout.
La discusión que se mantuvo hasta casi el inicio de la sesión era de dónde iban a salir los millones para los actores. Un sector de la oposición pedía que surjan del presupuesto del ministerio de Cultura, sin embargo, esa postura la rechazaba de plano Saintout. Finalmente se acordó que los fondos surgen del presupuesto del gobierno, es decir que no se tocan los fondos de Cultura.
En su defensa del proyecto, el oficialismo argumentó que la compra de entradas de cine en 2024 cayó un 31% en relación al año pasado, lo que se traduce en 14 millones menos de espectadores.
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En el recinto hubo voces críticas al proyecto. La izquierda planteó que el Ejecutivo acordó con un sector del radicalismo y cerró la posibilidad de más cambios en el proyecto. “Nosotros proponíamos empezar por decir hoy cuánto lo vamos a actualizar y a qué ritmo”, dijo el diputado Guillermo Kane.
Además planteó que el fondo podría recaer en grandes productoras nacionales y hasta internacionales. “No se beneficia a productoras independientes bonaerenses. Una parte importante del fondo irá a las grandes productoras”, dijo Kane.
Pablo Echarri.
En tanto, el diputado Guillermo Castello planteó que de las 241 películas financiadas por el Incaa, sólo 100 vendieron más de 1000 entradas. “Yo me pregunto si es justo gastar este fondo en películas cuando siete de cada diez chicos son pobres en la provincia”, dijo y recordó que el 50% del conurbano no tiene cloacas ni agua potable.
La ley establece además la creación de un Consejo Provincial integrado por un representante del ministerio de Cultura, seis de la actividad audiovisual, dos representantes de los sindicatos, dos de las asociaciones de directores y productores, dos de las asociaciones de gestión de derechos de autores y dos representantes de las universidades nacionales o provinciales estatales con asiento en la provincia. En la negociación con la oposición de acordó que todos los representantes de ese consejo cumplirán funciones a título honorario y ocuparán el cargo por un período de dos años.
