Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue condenado a cuatro años de prisión por el crimen de Leandro Duarte, un joven asesinado de dos balazos por la espalda en octubre de 2017 en una vivienda del partido bonaerense de Lanús, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Néstor Gabriel Anríquez (42), a quien el juez Manuel Barreiro del Juzgado Correccional 6 de Lomas de Zamora le aplicó dicha pena como autor del delito de “homicidio simple cometido con exceso de la legítima defensa”, tal cual había sido elevada la causa en la etapa de instrucción.
Fuentes judiciales informaron que la fiscal Viviana Giorgi solicitó en su alegato que Anríquez, quien llegó en libertad al debate y seguirá de esa manera hasta que la sentencia quede firme, sea condenado a cuatro años y medio, mientras que la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y representante de la madre de la víctima pidió cinco años, el máximo por ese delito.
En tanto, que los abogados institucionales de la PFA requirieron al juez que sea absuelto y, tras el fallo, confirmaron que apelarán la decisión.
“Cuatro años es muy poco pero es culpable, de eso no se salva. Estoy en paz conmigo misma porque se hizo justicia”, dijo a Télam Blanca Duarte, madre de Leandro, y añadió: “Esperamos que esto no pase más”.
El crimen
El hecho ocurrió en la mañana del 24 de octubre de 2017 en un PH ubicado en Juncal entre avenida Hipólito Yrigoyen y Vélez Sarsfield, en Lanús.
“Leandro había salido a la noche con unos amigos y fue a dormir a la casa de uno de ellos. Al día siguiente se despertaron y escucharon un estruendo y gritos de personas que ingresaban por la fuerza a esa vivienda”, relató Verdú.
Es que personal de la Policía de la Ciudad irrumpió en el marco de una investigación de un Juzgado de Menores para detener al hijo de los propietarios de ese inmueble por el robo de una billetera roja.
En ese momento, la víctima se asustó y trepó a una medianera para escaparse pero cayó al patio de una casa vecina que resultó ser la del policía Anríquez, quien salió con su arma reglamentaria y efectuó dos balazos que impactaron en la espalda de Duarte.
El joven fue trasladado de urgencia al hospital Evita, donde murió a raíz de las lesiones sufridas, en tanto que el efectivo nunca quedó preso porque en un primer momento comenzó a ser investigado como una “violación de domicilio” con el joven fallecido como imputado y luego como una legítima defensa.
“Con la reconstrucción del hecho quedó claro que el relato que hacía el policía, el mismo que repitió en la audiencia de juicio, era imposible porque contó que Leandro con una fuerza increíble se le abalanzó para sacarle el arma y en ese forcejeo el arma se accionó accidentalmente”, precisó Verdú, la cual en su momento intentó que sea encuadrado como un “homicidio agravado por haber sido cometido por abusar de su función como miembro de las fuerzas de seguridad”, que prevé la prisión perpetua.
La letrada dijo que Anríquez es una persona que “mide 1.85 metros, fornido, grandote, entrenado y con un arma, mientras que Leandro medía 1.67 y pesaba unos 70 kilos, no tenía sentido su testimonio”.
“Lo señaló muy bien la fiscal en el alegato de ella, el policía estaba dentro de su casa en total seguridad, ventanas con rejas y puerta cerrada con llave, con lo cual el hecho de haber salido al patio él se puso en una situación de riesgo, no tenía ninguna necesidad”, explicó.
Según la abogada, los tres testigos fundamentales durante el debate oral fueron los tres policías porteños que participaron del allanamiento ya que todos ellos coincidieron en que escucharon los disparos a menos de un minuto de haber irrumpido en la casa.
“El principal argumento nuestro y de la fiscalía es que no hubo tiempo material entre el momento en el que ingresan que es cuando Leandro salta la pared y los disparos para que ocurriera todo el relato del policía”, sostuvo.
Tras el fallo, Verdú y la familia del joven aseguraron que ahora esperan que la sentencia sea rápidamente confirmada para que vaya a una cárcel común.
Además, la letrada exigió que el policía sea apartado de sus funciones ya que desde 2017 continúa desempeñando sus tareas y actualmente está en la Circunscripción 4ta. de Lomas de Zamora, por lo que “hoy continúa armado en la calle”.
“En la sentencia logramos que el Ministerio de Seguridad sea notificado porque por este hecho ni siquiera hay un sumario administrativo ni estuvo en disponibilidad y si tiene por motivos menores como llegar tarde o perder la placa y la credencial”, resaltó.
Por último, Verdú dijo que “la elevación a juicio oral por el crimen fue a fin de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese año fue ascendido de agente a cabo, es una locura”.
