Siete expolicías bonaerenses fueron condenados a 25 años de prisión al ser hallados culpables de la denominada “Masacre de Wilde”, el emblemático caso de “gatillo fácil” cometido en 1994 en esa localidad en el cual fueron asesinados cuatro hombres, informaron fuentes judiciales.
A 28 años del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora condenó a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez como coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”.
Los magistrados dispusieron además que cuando el fallo quede firme los siete condenados sean detenidos.
“Cuando escuché 25 años, me lamenté porque no fue perpetua. Pero cuando terminaron de leer, razoné que es lo máximo que les pueden dar por homicidio. Por la edad que tienen, sabemos que van a morir presos. Esperemos que no les den prisión domiciliaria”, dijo a Télam Raquel Gazzanego, viuda de Edgadro Citutín, una de las víctimas de la “Masacre de Wilde”, tras el veredicto.
El fallo fue dado a conocer cerca de las 12.30 por el TOC 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, en una sala de audiencias de la sede judicial ubicada en Presidente Perón 2.463 -ex Camino Negro-,de ese partido bonaerense.
La denominada “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994, en dicha localidad del sur del conurbano bonaerense, donde fueron asesinados de varios disparos al ser confundidos con delincuentes Citutín, Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza, cuyos familiares se presentaron este mediodía en la puerta de los tribunales con carteles que decían: “Justa justicia es perpetua para todos”.
Los acusados llegaron al juicio en libertad y escucharon desde el banquillo de los acusados las condenas en su contra.
Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón había requerido en sus alegatos la máxima al considerar que entre los imputados existió un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”, a las que emboscaron en la zona de Wilde.
Las defensas de todos los acusados, en tanto. pidieron la absolución de los siete expolicías.
El hecho
La “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Roberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes fueron juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.
