Una experiencia de Córdoba que surgió durante la pandemia, historias barriales en la Villa 20 de Lugano y en Soldati, una cooperativa de Luján y un caso situado en la provincia de Jujuy son algunas de las iniciativas sintetizadas en Conectividad popular, un libro que promueve iniciativas sin fines de lucro que garantizan el derecho a la conectividad a internet en barrios populares y zonas rurales de la Argentina.
Entre las historias resumidas en la investigación, se detalla la del club Sacachispas que logró transmitir sus partidos por streaming a partir del despliegue de la red instalada en el barrio porteño de Villa Soldati por la Asociación Civil El Hormiguero, que se autodefine como “una red de internet comunitaria que provee conexión de fibra óptica al barrio”.
“Si definimos la conectividad como un derecho humano, estamos definiendo un modelo de desarrollo de inclusión social de la promoción digital de la economía del conocimiento”Roberto Omar Seijo
En Villa María, de la provincia de Córdoba, la Asociación Mutual Mercantil Argentina desarrolló una red de fibra óptica que cubre 18 de los 40 barrios de la ciudad. “Tenemos 15 mil conexiones hogareñas de internet y televisión de pago, y pedidos de conexión con una lista de espera de unos dos meses, es decir, con expectativas de seguir sumando vecinos a la red”, cuenta Miguel Olaviaga, presidente de la mutual fue fundada en 1981.
“En el modelo comercial se define un modelo de inversión que persigue solo el lucro de ganancias. En cambio, si definimos la conectividad como un derecho humano, estamos definiendo un modelo de desarrollo de inclusión social de la promoción digital de la economía del conocimiento”, remarca Roberto Omar Seijo, gerente general de Polo Digital de Inclusión Social, una experiencia del partido bonaerense de La Matanza con 11.730 socios y socias dentro de sus 730 kilómetros de fibra óptica.
La Ranchada IP (Mutual Padre Mugica); Atalaya Sur (Proyecto Comunidad); Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet); Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada; Nono Libre y el Valle Reinicia; Red de Internet Comunitaria de Jujuy (Cooperativa La Voz del Cerro y otras organizaciones) completan las experiencias que refleja la investigación coordinada por Mariela Baladron, Larisa Kejval y Diego Rossi.
A lo largo de las 92 páginas del libro, editado por Mil Campanas, se pueden encontrar relatos de once casos surgidos desde la economía social que organizaron como cooperativas, redes comunitarias o barriales. Son parte de un universo de prestadores de internet que se compone de 600 experiencias sin fines de lucro y unas mil pymes distribuidas en todo el país.
“El objetivo fue decir que existe este actor que brinda conectividad a internet con unas características diferentes a las lógicas mercantiles”, explica Kejval, una de las compiladoras y directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Para Rossi, la investigación también sirve para comprender el potencial de estas prácticas nacidas en los territorios para resolver ciertas demandas donde el mercado lucrativo no llega. “Hay comunidades que se les ocurre no sólo montar una red de conectividad sino gestionarla, sostenerla y proyectarla en el tiempo”, evalúa el profesor adjunto de Políticas y Planificación de la Comunicación y director de la Cátedra Libre Conectividad.
“Cuando el servicio es dado por las organizaciones sociales, es de mejor calidad y menor precio”, remarca Baladron, licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Industrias Culturales.
Los relatos elegidos en la publicación impulsada por la UBA y la Universidad de Avellaneda procuran explorar identidades, visiones y modos elegidos por cada organización para llevar internet a sus territorios. “Es una capacidad comunitaria, organizacional y técnica que va a permanecer en el tiempo y que ayuda a distintos procesos de transformación social”, apunta Rossi.
Más allá de ubicarse en distintas zonas geográficas o constituirse bajo diversas formas jurídicas, los compiladores de Conectividad popular decidieron hacer foco en aquellos aspectos comunes que reúnen a estas experiencias, como los derechos al acceso, la conectividad, la comunicación y a la intención de construir comunidad.
“Elegimos casos porque nos parecían paradigmáticos para poder mostrar la diversidad de trayectorias de formas de gestión, organización y objetivos desde un enfoque federal”, dice Baladron sobre el proceso de selección de los trabajos de investigadoras e investigadores que muestran una participación social a veces desconocida y también repasan las políticas públicas, en su mayoría surgidas en medio de la pandemia.
En ese sentido, el libro remarca que la etapa de aislamiento generada por el Covid-19 puso en evidencia la brecha digital o las desigualdades, una necesidad que, en el caso de los sectores más desprotegidos, encontró una respuesta urgente en las organizaciones populares.
“Las políticas públicas fueron incorporando a estos actores y sus demandas como sujetos”, detalla Baladron sobre el rol del Estado y los programas para destinar recursos para los prestadores sin fines de lucro. En esa línea, los compiladores de Conectividad popular relevan distintos programas para el sector impulsado, principalmente desde el Ente Nacional de Comunicación (Enacom).
“Las políticas públicas fueron incorporando a estos actores y sus demandas como sujetos”Mariela Baladron
Para Kejval, el libro también procura dar cuenta de las diversidades que existen en este sector. “Ese fue el criterio para pintar este mapa de tipo exploratorio a través de casos paradigmáticos para conocer cuáles y quiénes son, dónde están y con qué perspectivas”, describe sobre la publicación, que se presenta este jueves a las 18 en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029, CABA.
