El 25 de septiembre Cuba llevará a referéndum popular el Proyecto de Código de Familias, una ley que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada. Del otro lado, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba rechazó, este lunes, varios puntos del proyecto.
El proyecto, amplia derechos de la comunidad LGTBIQ+, entre ellos, el reconocimiento del matrimonio igualitario, que es planteado en el texto como la unión entre dos personas. El nuevo escrito pretende reemplazar el Código vigente desde 1975. Su última versión, que llegó a la número 25, fue publicada en la gacetilla del Parlamento Cubano el 20 de agosto, luego de ser aprobada por la Asamblea el 22 de julio. Anteriormente, el texto fue sometido a consulta popular entre los meses de febrero y abril de este año que, según la página oficial del gobierno cubano, se realizó a más de seis millones de habitantes (que representan más de la mitad de la población) y se obtuvo un resultado del 62 por ciento de aprobación.
“A esta norma, se llega tras una búsqueda permanente del consenso, y su objetivo es consolidar la garantía de todos los derechos para todas las personas, como reflejo del mandato de la Constitución de 2019, de la coherencia interna del Código en sí mismo, con el resto del ordenamiento jurídico de la nación y con los compromisos internacionales que Cuba, en nombre de su pueblo, ha asumido”, expresa el comunicado publicado en la página oficial del parlamento cubano. “El Código de las Familias ofrece alternativas, oportunidades y opciones. Es un Código inclusivo, protector y reflejo de la sociedad cubana actual”, agrega.
Una Cuba más igualitaria
El nuevo texto del Código de Familias se divide en once títulos y 474 artículos entre los que se refuerza, en primer lugar, el afecto y la solidaridad como los ejes sobre los que se basan las relaciones familiares. Las familias son vistas como la unión de personas vinculadas por un lazo afectivo, sentimental y psicológico, valorizando, de esa manera, al afecto como valor jurídico y donde no se distingue el género.
Otro de los puntos, son el reconocimiento al derecho al cuidado y la protección afectiva, de manera justa y equitativa, dándole un apoyo especial a las mujeres que son las que se encargan de las tareas del cuidado en la mayoría de los casos. Sumado a esto, se dispone el valor económico del trabajo en el hogar y una mayor protección económica y patrimonial de quienes se dedicaron y dedican a esa labor.
Por otro lado, se establecen cuatro tipos de filiación, entre los que se encuentran la procreación natural, el acto jurídico de la adopción, el uso de cualquier técnica de reproducción asistida y los lazos que se construyen a partir de la socioafectividad, que es reconocida jurídicamente. Este punto, reconoce y regula judicialmente la multiparentalidad ya sea desde el nacimiento de la niña o niño, o posteriormente.
En el mismo sentido, se disponen sanciones por violencia doméstica a personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, ya sean mujeres, niños o niñas o personas con discapacidad. Para esto, se desarrollarían instituciones de apoyo como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la última Asamblea, ocurrida el 22 de julio, donde se publico la propuesta definitiva, varios diputados y disputadas, e incluso Homero Acosta, secretario de la Asamblea, se mostraron a favor del nuevo Código y orgullosos del avance de derechos que este proyecto significa, no solo desde lo que propone, sino por el método de aprobación que incluye al pueblo cubano a través de un referéndum.
“Lo haremos, porque soberanamente y en cumplimiento de la Constitución así lo hemos decidido. Lo haremos, porque es intrínseco a nuestro sistema político la participación popular efectiva. Lo haremos, para que el pueblo una vez más y, en ejercicio de su soberanía definida en la Constitución, se exprese libremente. Lo haremos, porque el pueblo ha sido, es y será el protagonista y decisor en los asuntos fundamentales de la nación. Será un verdadero ejercicio de poder popular”, remarcó Acosta en relación al referéndum que se votará en diciembre.
Por su parte, la diputada Mariela Castro, hija del líder Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que promueve desde hace más de tres décadas la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI, definió ese momento como emocionante y resaltó la ideas avanzadas que se estaban tratando. “Se trata de temas complejos que generan sustos y contradicción. Pero realmente tengo que reconocer que como sociedad hemos crecido, hemos enriquecido nuestro acervo, nuestro conocimiento del derecho, de los derechos, y especialmente en este caso del derecho familiar”, expresó.
En una Cuba aún marcada por el machismo y la homofobia, cuyo gobierno persiguió y marginó a homosexuales en las décadas de 1960 y 1970, durante la dictadura de Fulgencio Batista, el matrimonio igualitario es un tema que sigue en debate. El CENESEX promovió antes el matrimonio igualitario en la propuesta de la Constitución aprobada en 2019, que consagró los derechos de la esa comunidad. Sin embargo, su inclusión en la nueva Carta Magna se pospuso por el fuerte rechazo de las iglesias evangélicas y otros sectores sociales.
La queja de la iglesia católica
A través de un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba expresó este lunes que la introducción en la legislación de los contenidos de “ideología de género” no benefician a las familias cubanas. “El matrimonio entre hombre y mujer, que es la base natural de la familia, no puede ser desplazado o deformado para dar paso a otras maneras construidas legalmente”, señala el documento.
Asimismo, rechazan la adopción por parejas del mismo género, la pluriparentalidad, la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a parejas del mismo género y la fecundación in vitro postmortem, técnica que permite utilizar el semen de una personas ya fallecida para la fecundación.
“Todo hijo es un don y un fin en sí mismo; es un derecho del niño tener un papá y una mamá. No es ético que se reconozca como adecuada la llamada ‘gestación solidaria’, en la que una mujer que lleve en su vientre durante nueve meses una criatura la deba entregar inmediatamente después del parto a otras personas”, sostiene el comunicado.
