Los audios atribuidos al subcmisario Casassa, una pieza clave en los operativos judiciales contra los opositores a los gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, revelan el armado de las persecuciones, pero la envergadura de las operaciones todavía no se conoce: apareció sólo la punta del iceberg. A continuación, algunos de los objetivos alcanzados por la mesa judicial bonaerense.Los dirigentes gremiales, empezando por Hugo Moyano. Las maniobras se iniciaron en el feudo de Conte Grand, Lomas de Zamora, en el que designó a un fiscal al frente de la Unidad de Delitos Complejos, Sebastián Scalera. En el Servicio Penitenciario Bonaerense revelaron que hasta habían preparado una celda para Pablo Moyano en el penal de Melchor Romero. El lugar fue cableado, es decir se le pusieron cámaras y micrófonos ocultos para espiar al dirigente camionero. La jugada naufragó cuando dos altísimos jefes de la AFI, Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, director de Jurídicos y de Finanzas respectivamente, fueron a ver al juez Luis Carzoglio para que firme las detenciones de Hugo y Pablo Moyano. El magistrado se negó.El video de añoranza por la Gestapo describe la ofensiva contra Juan Pablo «Pata» Medina. “Ustedes paren las obras, habrá reacción del sindicato, nosotros los filmamos y la parte judicial está arreglada”, dice, palabras más palabras menos, el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas (ver aparte). Esa operación terminó, como se sabe, con Medina en prisión.Casassa encabezó personalmente los allanamientos a la empresa de Scioli -Capanone, que era originalmente la de electrodomésticos y es de la familia desde hace 60 años, al domicilio de Alberto Pérez -jefe de Gabinete de Scioli-, a varias cooperativas de trabajo, a dependencias de Ioma, al subsecretario de Asuntos Administrativos, Walter Carbone, y a casi cien domicilios más, entre ellos el club La Ñata, en el que el exgobernador juega al futsal.
Se produjeron informes económicos, de Migraciones y de inteligencia sobre Roberto Baradel (ver aparte) en época de conflicto con los docentes. Se llegó incluso a hacerles seguimientos a sus hijos y nietos. Todo sin orden judicial.Macri y Vidal planearon dividir el más populoso municipio del país, La Matanza, para debilitar el poderío peronista. Como parte de la ofensiva, investigaron a Verónica Magario y a Fernando Espinoza, las dos figuras políticas del distrito. Y además hicieron un vasto análisis de las finanzas del municipio. Por ahora se sabe que se hicieron informes económicos y se les intervinieron los teléfonos.Hay constancias de la investigación a Mario Secco, intendente de Ensenada, pero existen evidencias de operaciones de espionajes sobre otros intendentes opositores al macrismo.En la documentación, aparecieron pedidos de informes sobre Víctor Santa María, del Grupo Octubre, y de Fabián de Sousa y Cristóbal López del Grupo Indalo. Es decir, que se investigaba también a los dueños de los medios que no sintonizaban con el macrismo.En la investigación sobre los policías de la Ciudad, destinados en la AFI, y autodenominados Super Mario Bros, se encontraron conexiones con el aparato bonaerense. El nexo habría sido Alan Campbell, exsecretario de Asuntos Municipales. Los efectivos le reportaban informes sobre movimientos sociales y hasta comedores comunitarios.Por supuesto que el oscuro mundo del espionaje no está exento de traiciones. Quienes conocen el mundo de la inteligencia sostienen que el video de la reunión en el Banco Provincia, para armarle la causa a Medina, lo grabaron los efectivos del Proyecto AMBA de la AFI. Una prueba más de que Macri espiaba a los propios.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/392944-los-objetivos-politicos-de-la-gestapo-bonaerense-daniel-scio
