Rodrigo de Loredo formó a los legisladores radicales para rechazar la designación de la funcionaria llaryorista afiliada al radicalismo Jessica Valentini como integrante del Tribunal Superior de Justicia, una jugada que expone las debilidades del gobernador Martín Llaryora a la hora de construir su “acuerdo cordobés”.
Con los votos propios, al peronismo le alcanza para aprobar el pliego, pero hubo malestar explícito en el oficialismo cuando se conoció que la “radical” sería la postulante del peronismo. La legisladora Nadia Fernández se quejó: “No pongo en duda la capacidad profesional de Valentini, pero no estoy de acuerdo con que una militante radical sea propuesta al Tribunal Superior”. Hubo un cimbronazo en el peronismo por el desafío al gobernador.
De Loredo se paró sobre los puntos débiles del CV de Valentini: su falta de experiencia académica. Como contó LPO, la funcionaria municipal propuesta por Llaryora no es una jurista. Y machacó con la pertenencia al llaryorismo: “El TSJ tiene tres miembros independientes y tres exfuncionarios del peronismo. Para cubrir la vacante, Llaryora propuso a su amiga Jessica, ex funcionaria suya y actual funcionaria de Passerini. Si logra imponerla, el bloque TPJ (nota del redactor: Tribunal Peronista de Justicia) sería mayoría. Es grave”, dijo el jefe radical.
Llaryora postula a una funcionaria de su confianza para la Corte cordobesa
Sin nombrarlos, De Loredo se refiere a los tres vocales que antes de ser miembros del Tribunal Superior ocuparon cargos en el Ejecutivo de José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti: Marta Cáceres de Bolatti, Sebastián López Peña y Luis Angulo. De estos, sólo Angulo fue “mesa chica”: ocupó el ministerio de Justicia con Schiaretti, quien lo postuló para el Alto Tribunal .
Ahora, el peronismo está obligado a tragarse el sapo en soledad o intentar convencer a radicales no deloredistas de votar a favor de Valentini. La apuesta es Dante Rossi, quien militó con Valentini en el alfonsinismo. Con Rossi podrían llegar los votos radicales de Graciela Bissotto y Sebastián Peralta, todos díscolos del esquema que lidera De Loredo. También está en juego el voto de Agustín Spaccesi, el libertario enfrentado con Karina Milei y Gabriel Bornoroni.
Entre quienes critican a Llaryora por haber impulsado a Valentini sobrevuela como análisis un “error de cálculo”: “Si tu espada para blindarte en el Tribunal Superior es una funcionaria como Valentini, deja expuesta tu debilidad”. Esa es quizá la crítica más común entre los peronistas acostumbrados a los manejos judiciales de De la Sota y Schiaretti.
En una reacción de manual, el peronismo cruzó a De Loredo por su machismo. La legisladora Julieta Rinaldi dijo que “De Loredo se opone y cuestiona a Valentini porque es mujer; le salta su machismo, nunca le haría estos cuestionamientos si fuera varón”. El peronismo está obligado a tener en las bancas a los 33 propios para bancar los trapos de Valentini.
Al igual que Llaryora, Valentini es de San Francisco. Aunque hay algún lazo familiar, sería de sexto grado, por lo cual no hay incompatibilidades legales para ocupar ese cargo. Cuando llegó a la Municipalidad de Córdoba, la designó como “oficial mayor”, una especie de escribana, responsable de rubricar decretos y publicar el boletín oficial.
El posicionamiento de De Loredo trajo tranquilidad a Luis Juez, que veía en la designación de Valentini un acuerdo anticipado entre la UCR y el peronismo. La columna opositora se mantiene unida. En el medio quedan dos cargos importantes en la Justicia provincial: fiscal General adjunto y defensor público adjunto, ambos vitalicios. El 27 de diciembre se sabrá a quiénes convenció el peronismo para sumarse al nombramiento de Valentini.
