En medio de la escalada del enfrentamiento entre el gobierno de Pedro Castillo y el Congreso de mayoría opositora de derecha, cayó el gabinete ministerial. Es el cuarto gabinete que cae en solo 16 meses de gobierno. El jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, renunció luego que el Congreso se negó a debatir el pedido de confianza que había presentado al Parlamento unicameral. Con su salida se reestructura todo el gabinete, aunque los otros ministros pueden mantenerse en el cargo. El asunto ha agudizado la conflictiva relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Para el gobierno hubo un rechazo a la confianza que el gabinete pidió al Congreso, al negarse éste a debatir el tema. Y por eso renuncia el gabinete, como obliga la ley cuando se le niega la confianza en el Congreso. Pero para la oposición parlamentaria, el pedido de confianza no cumplía los requisitos legales para ser presentado y por eso fue rechazado sin ser debatido en el pleno, lo cual, señalan, no puede tomarse como una negativa a la confianza presentada. Esta controversia es clave. Si el Congreso niega dos veces la confianza a un gabinete ministerial en un mismo período de gobierno, el Ejecutivo queda facultado para disolverlo y debe llamar nuevas elecciones legislativas. Para el gobierno ya se habría dado la primera negativa de confianza, lo que dejaría al Congreso en capilla. La oposición parlamentaria, que aplaude la salida de Torres pero no quiere que se contabilice una primera negativa de confianza a un gabinete, ha reaccionado rechazando esa interpretación del gobierno y amenazando al presidente con una acusación constitucional para destituirlo, si el Ejecutivo insiste en esa postura.
Los vericuetos de la ley
El nuevo gabinete está obligado a pedir la confianza al Parlamento para ser ratificado. La nueva jefa del gabinete es la hasta ayer ministra de Cultura, Betssy Chávez. Esta designación de alguien que llega cuestionada a este cargo, desafía al Congreso. Chávez está investigada por favorecer a familiares de su pareja con nombramientos en el Estado, y en mayo pasado fue censurada por el Congreso cuando era ministra de Trabajo, por lo que tuvo que dimitir. Luego Castillo la recolocó en Cultura. Pero Chávez no solo es cuestionada por la oposición. La nueva jefa del gabinete ministerial también es congresista, elegida por el partido Perú Libre que llevó a Castillo al poder, pero hace unos meses fue expulsada de ese partido, donde su nombramiento ha caído mal. Hasta el momento del envío de este despacho, no se había designado a los otros ministros del gabinete. La vicepresidenta Dina Boluarte, que desde el inicio del gobierno ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cuestionó el alto nivel de polarización y se adelantó a anunciar que no continuará en el gabinete.
En este ambiente muy crispado, de posturas polarizadas sin un entendimiento a la vista, si la mayoría parlamentaria decide negarle la confianza al nuevo gabinete de la cuestionada Chávez, se abriría un escenario impredecible, en el cual el Ejecutivo, basado en su interpretación de lo ocurrido con la cuestión de confianza que presentó Torres, disolvería el Parlamento aduciendo que hay una segunda negativa de confianza a un gabinete. Y el Congreso, como ya han anunciado diversos legisladores, rechazaría esa decisión -para ellos sería la primera negativa de confianza- calificándola de inconstitucional y demandaría la destitución del presidente.
La herencia de Fujimori
El renunciante jefe del gabinete Aníbal Torres hizo cuestión de confianza ante el Congreso con el pedido del gobierno para que se derogue una ley de este Parlamento que obliga a pasar por la autorización del Congreso para llamar a un referéndum para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Así se modificaría la actual cuestionada Constitución de 1993, heredada de la dictadura de Alberto Fujimori y de fuerte contenido neoliberal. Esta fue una de las banderas principales de Castillo en la campaña electoral. Y es también una demanda del resto de la izquierda y diversas organizaciones sociales y sectores ciudadanos. La derecha que controla el Congreso ha hecho cuestión de Estado en defensa de la Constitución fujimorista y desde el Congreso bloquea la posibilidad de un referéndum.
La mesa directiva del Congreso, presidida por el general retirado de extrema derecha José Williams, que carga un pasado con acusaciones de violaciones a los derechos humanos, decidió “rechazar de plano” sin ponerlo a debate en el Congreso, el pedido de confianza hecho por Torres, alegando que éste no se podía presentar por una facultad que “es exclusiva del Congreso”, como dar una ley. Esto en base a una controvertida norma dada hace unos meses por este mismo Congreso. La derecha parlamentaria ha dado una serie de leyes que restan atribuciones al Ejecutivo y refuerzan el poder del Congreso, entre ellas los límites puestos a la cuestión de confianza, a los que ahora la oposición alude para desconocer el pedido de confianza que hizo el renunciante jefe del gabinete.
El objetivo es el golpe
El gobierno acusa a la oposición parlamentaria de derecha de complotar desde el inicio de la gestión de Castillo para dar un golpe. Ya se han dado tres intentos frustrados de destituir al presidente desde el Congreso y otros están en marcha. Ahora el Congreso dice que el Ejecutivo busca forzar la figura constitucional del pedido de confianza para disolver el Parlamento opositor, luego de lo cual tendría que llamar a nuevas elecciones legislativas. En medio de esta guerra de poderes y el agravamiento de la crisis política, crece el descrédito de la clase política y la demanda de “que se vayan todos”. Según una encuesta realizada este mes por el Instituto de Estudios Peruanos, un 56 por ciento está a favor del adelanto de elecciones generales para cambiar al Congreso y al Ejecutivo.
