Con calculadora en la mano y en medio de presumibles negociaciones, el Gobierno y la oposición del Perú se alistan para una inminente tercera batalla en torno a una posible destitución del presidente Pedro Castillo.
El principal impulsor de la moción de vacancia, Edward Málaga, aseguró que en este momento se superan “con holgura” los 87 votos (de 130) que se necesitan en el Congreso para destituir a Castillo por una “incapacidad moral permanente” derivada de supuestos actos de corrupción.
Pero los cálculos de Málaga no son compartidos ni por sectores del oficialismo ni por varios analistas independientes. “Aunque no lo descarto (que se reúnan los votos), no creo para nada que esté asegurado el apoyo”, le dijo a Télam el politólogo Martín Ueda.
Según el analista Carlos Monge, la antesala de la votación estará precedida por negociaciones que no necesariamente son ilegítimas. Castillo, a través de emisarios, puede acercarse a parlamentarios para disuadirlos.
Tales búsquedas de acuerdos pueden referirse a la defensa de la institucionalidad o al impulso a determinados proyectos de desarrollo, indicó Ueda, quien, no obstante, admitió que no se puede descartar que se mezclen otros intereses impulsados por el lobbismo.
“Esto (lo de que se tienen los votos) es al día de hoy (porque) puede ser que en tres o cuatro días alguien los compre (a los congresistas)”, afirmó Málaga, cuya moción de vacancia tardó meses en presentarse, a la espera de un momento adecuado.
Castillo, en ese momento en el partido marxista leninista Perú Libre (PL), asumió el año pasado con una bancada de 37 parlamentarios, a los que sumó el apoyo de cinco del partido socialista Juntos por el Perú. Con eso, más el acercamiento de individualidades de centro y centroderecha, era casi imposible que la oposición reuniera los 87 votos.
Fracaso de los intentos anteriores
De hecho, otras dos mociones de vacancia fracasaron. La primera, el año pasado, ni siquiera alcanzó a llegar al pleno, y la segunda, a comienzos de este, apenas superó los 50 votos en esa fase.
Que las cosas pudieran ser ahora distintas se basa en la fragilidad del oficialismo. El bloque se dividió en cuatro sectores y hoy PL, al que ya no pertenece Castillo, apenas suma 15 asientos. En lo que fuera el bloque oficialista se escuchan críticas a la gestión del mandatario.
“Hablar de oficialismo hoy en el Perú es muy relativo”, advirtió Ueda. La mayor fidelidad para Castillo está en la actualidad en un grupo escindido de PL, el Bloque Magisterial, que tiene 10 legisladores, casi todos maestros de profesión, como su líder.
Aún así, hasta ahora, desde lo que fue el bloque de PL nadie ha anticipado respaldo a la moción. Y la aritmética es contundente: con ellos y con quienes desde otras bancadas se oponen a la vacancia por razones institucionales, de identidad programática o de otros intereses, podrían ser casi 50 los que le digan “no”.
Málaga, elegido por una fuerza de centro, pero quien en el camino se tornó funcional a la derecha dura, no explicó de dónde salen sus cuentas. Algunos expertos consideran que sus aclaraciones de que tiene los votos, pero “al día de hoy”, podrían ser el anticipo de otro fracaso.
“Si tratan de sacar a Castillo y a Boluarte y poner como presidente a Williams, ahí sí podría haber una reacción (popular)” Julio Carrión
Quienes ven realista que algunos oficialistas originales digan “sí” esta vez se basan en supuestos temores a que Castillo impulse el cierre del Congreso o a los anticuerpos de la nueva jefa del gabinete ministerial, Betssy Chávez, parlamentaria que hace un año se fue de PL entre peleas internas.
Las dudas terminarán con la votación, que podría darse ya la próxima semana, según calculan expertos como Ueda.
Si Castillo fuera destituido, su reemplazo tendría que ser la vicepresidenta, Dina Boluarte, expulsada de PL. Pero contra ella también hay un proceso que podría terminar en su suspensión, con lo que a la jefatura del Estado iría el titular del Congreso, José Williams, un general en retiro del Ejército que milita en el partido de derecha Avanza País.
“Si tratan de sacar a Castillo y a Boluarte y poner como presidente a Williams, ahí sí podría haber una reacción (popular)”, advirtió el sociólogo Julio Carrión, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
El pueblo peruano como espectador
Un aspecto llamativo para los analistas, en medio de la crisis, es el silencio de las calles, combativas en otras ocasiones. A pesar de que las encuestas señalan al presidente como impopular, las manifestaciones en su contra tienen siempre baja concurrencia. Y lo mismo ocurre con las que se hacen a su favor.
La explicación de los entendidos es que, si bien Castillo es resistido, el Congreso, manejado por tres partidos de derecha radical -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País-, lo es mucho más. Una encuesta reciente del IEP mostró que, aunque el mandatario solo tiene 31% de aprobación, triplica las cifras del Parlamento.
La misma encuesta señaló que la salida mejor vista por la población es que se anticipen para la lo antes posible las elecciones generales de 2026. Es decir, un “que se vayan todos” que no está en los planes de los congresistas.
Carrión y otros expertos recuerdan lo que pasó en 2020, cuando el Congreso, tras destituir al presidente Martín Vizcarra, quiso poner de reemplazo a Manuel Merino. Las calles se rebelaron y el pretendido gobernante tuvo que irse tras cinco días de sangre, muertes y revueltas.
El perfil del presidente Castillo
Castillo, un profesor rural de 53 años sin antecedentes en la política, ha estado en la mira de la derecha radical desde que ganó las elecciones. Además, sus “errores no forzados”, que incluyen criticadas decisiones políticas y los hechos por los que se le acusa de corrupción, han debilitado su figura.
La vacancia es uno de los caminos que usa el Congreso para deshacerse de Castillo. Un segundo es una denuncia constitucional planteada por la Fiscalía que, sin embargo, tiene el obstáculo de que por Constitución a un presidente en funciones solo se le puede procesar por traición a la patria o por entrampar procesos electorales.
El mandatario denuncia que está en marcha un “golpe de Estado”. Incluso, al amparo de la Carta Democrática Interamericana, le pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) ver el caso. El foro continental envió a Lima un Grupo de Alto Nivel, que ahora prepara un informe.
Pero la OEA no tienen mandato vinculante, por lo que las soluciones están en la mano de la clase política peruana, que no ha dado muestras, según los analistas, de querer superar la polarización y el permanente enfrentamiento.
