Républica Peruana del Sur es el nombre que dirigentes cívicos de los Andes le dan a su proyecto de desprenderse del Perú y formar un nuevo país en el que, afirman, ya no estarán al mando las élites de Lima con el carácter racista y excluyente que se les atribuye.
Una entelequia radical irrealizable para muchos analistas, pero, para otros, un llamado de atención sobre la histórica fractura del Perú, puesta de relieve en la enésima crisis política por la que atraviesa el cuarto mayor país de Sudamérica, que este mes tuvo el quinto cambio en la jefatura del Estado en cuatro años.
“(La secesión) es inviable, a pesar de que algunos momentos de la historia haya cobrado popularidad”, le dijo a Télam Roger Santa Cruz, politólogo que no es de Lima ni los Andes sureños, sino de la ciudad de Chiclayo, en la costa norte.
Y es que, destaca Santa Cruz, para formar un nuevo país habría que forzar al extremo los límites legales, en medio de un marco de polarización sin frenos. El analista no está solo en la apreciación: lo acompañan decenas de expertos que no ven en la “República Peruana de Sur” más que una inocua expresión de rebeldía.
“(Los limeños) nos quitan el derecho a consulta popular, a nuestro presidente que hemos elegido mayoritariamente (Pedro Castillo) lo tienen secuestrado; están asesinando y los muertos son del sur, no del centro ni del norte”, se quejó en televisión Felipe Domínguez, dirigente del departamento de Arequipa convertido en la voz de la idea secesionista.
“¿Qué hacemos nosotros dándole dinero a Lima si en nada nos toman en cuenta? Nos asesinan a nuestra gente cuando protestamos”, insistió Domínguez, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa y excandidato sin éxito al Congreso y a la alcaldía del distrito Cerro Colorado.
La propuesta independentista
Según el dirigente, que dice que está en marcha la formación de un “comité independentista”, de la “nueva república” harían parte los departamentos andinos y/o amazónicos de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.
Son nueve departamentos (de 25), con puertos sobre el Pacífico, recursos importantes derivados de la minería y del turismo, con fuerte presencia quechua y aymara y en los que viven entre seis y siete de los 33 millones de habitantes del Perú.
Para Santa Cruz, es imposible saber cuánta acogida pueden tener las ideas secesionistas en los territorios involucrados, pues no hay encuestas. Es notorio que hay una resistencia al gobierno interino de Dina Boluarte, pero eso no alcanza para sopesar la fuerza de dirigentes como Domínguez.
“Están locos. Nosotros somos peruanos. No van a venir estos locos comunistas a cambiarnos de país”, le dijo a Télam un pequeño empresario de turismo de Cusco que prefirió reservar su nombre porque no le gusta hablar de política y porque en la polarización actual, dice, podría ser peligroso.
Lo de tachar de “comunistas” o “terroristas” a quienes piensen distinto es práctica cotidiana en el Perú. De los líderes de los atomizados movimientos regionales andinos es difícil precisar su ideología, aunque se estima que en general pueden estar en posiciones de izquierda de diferentes intensidades, incluidas las más extremas.
Aun así, el caso de Domínguez, por ejemplo, es llamativo, pues hasta hace poco militó en el partido ultraconservador Renovación Popular y antes lo hizo en un grupo fujimorista. Es una incógnita si su posición muestra una transversalización ideológica en el proyecto separatista.
La Constitución fija castigos: “El que practica un acto dirigido a someter a la República (…) o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de la libertad de no menos de 15 años”, dice el artículo 325.
En ese marco, una fiscalía especializada contra Criminalidad Organizada abrió el jueves “diligencias preliminares” contra Domínguez y potenciales aliados por supuesto “delito de atentado contra la soberanía nacional”.
La propuesta independentista no oculta lo que sí es verificable: en el sur se concentra la oposición a Boluarte, la que dejo ya casi una treintena de manifestantes muertos, la inmensa mayoría en esas tierras andinas.
La pérdida de fuerza de la protesta en los últimos días responde a una tregua por fiestas, pero los dirigentes ya advirtieron que retomarán acciones el próximo miércoles con la misma agenda: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, elecciones generales inmediatas, asamblea constituyente y, en algunos casos, libertad para Castillo.
“Este gobierno es usurpador y criminal y por eso estamos en una posición de rebeldía, de desconocimiento de Boluarte como presidenta”.Felipe Domínguez
El colectivo Macrorregional del Sur, que nuclea a grupos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno, retomó la idea de una marcha a Lima, de la que analistas advierten de los riesgos por presumibles choques con las Fuerzas Armadas en medio de un Estado de Emergencia que limita libertades.
“Este gobierno es usurpador y criminal y por eso estamos en una posición de rebeldía, de desconocimiento de Boluarte como presidenta. Ella ha complotado con un aparato compuesto por el poder militar”, insistió Domínguez en el semanario Hildebrandt en sus Trece.
“Todo el gabinete ministerial está descalificado y catalogado como golpista y conchabado (confabulado) con la mafia fujimorista”, agregó un dirigente de Puno, Román Machaca.
Boluarte, abogada quechuhablante, apurimeña, de origen campesino, que llegó al poder por el partido marxista leninista Perú Libre, ha anunciado viajes al sur para hablar con sus detractores, una situación que, en concepto de Santa Cruz, puede ser peligrosa por la polarización.
Para Santa Cruz, el “divorcio” entre Boluarte y el sur es prácticamente irreversible. Los analistas creen que surgió cuando la presidenta al asumir en mando dijo que pretendía quedarse hasta 2026 -desconociendo el clamor de elecciones anticipadas- y se agravó con la represión a las protestas.
Ahora en el Congreso se avanza hacia elecciones anticipadas en abril de 2024, pero el camino está lleno de obstáculos y desconfianzas y no es fácil prever lo que pasará, más allá de que enero será probablemente muy agitado.
Entretanto persistan las grietas regionales, que, en opinión de Santa Cruz, solo podrían aliviarse con reformas que permitan superar el excesivo centralismo. Un proceso que se ve más a mediano plazo y del que no se sabe quién pueda encararlo en medio de la fragilidad política.
