El Senado francés aprobó este martes una versión más dura de la ley de inmigración propuesta por el gobierno, que genera una fuerte división política en el país y que ahora tendrá que pasar el filtro de la Asamblea Nacional. El texto fue adoptado por 210 votos a favor, gracias a la alianza de conservadores y centristas, y 115 en contra, esencialmente de la izquierda.
La derecha tradicional francesa, mayoritaria en la Cámara Alta, impuso su criterio a los diputados macronistas. Logró suprimir la ayuda médica del Estado a los inmigrantes irregulares y endureció el acceso a subsidios y las disposiciones relativas a la regularización. Además se simplificaron las normas de expulsión, se reformó el derecho de asilo y se condicionaron la entrega de permisos de residencia y el reagrupamiento familiar.
Se trata de concesiones que el gobierno tuvo que hacer para sacar adelante la ley, pero generan un gran descontento en el ala más progresista del partido del presidente Emmanuel Macron, que espera ahora volver a los principios originales de su reforma en el trámite de la ley en la Asamblea Nacional, que arranca el 11 de diciembre. Si en el Senado la derecha tradicional es mayoritaria, en la Cámara Baja el partido de Macron, que es el que tiene más diputados, tampoco cuenta con mayoría absoluta, lo que lo obliga a negociar.
Escenario complejo en el Senado
El ministro del Interior Gerald Darmanin, quien defiende la reforma, tendrá que encontrar un nuevo equilibrio con la derecha pero también con el ala más izquierdista de su partido para sacar adelante la ley. Varios diputados macronistas ya advirtieron que son contrarios a muchas de las concesiones cedidas en el Senado a la derecha, lo que augura un difícil compromiso parlamentario.
El vocero de los diputados conservadores, Olivier Marleix, ya adelantó que su intención es seguir endureciendo la ley, incluso con modificaciones constitucionales para imponer una legislación nacional a la europea y “ponerse a salvo de la jurisprudencia de los tribunales comunitarios”. El diputado Sacha Houlié, representante de la centroizquierda, anticipó que restablecerían el proyecto inicial.
Los principales caballitos de batalla del oficialismo van a ser la asistencia médica a los inmigrantes irregulares, que los macronistas consideran esencial, y que la derecha tradicional no está dispuesta a ceder, o la regularización de extranjeros que trabajen en sectores donde falta mano de obra. Esa era una de las propuestas estrella de Gerald Darmanin, pero la derecha logró endurecerla en el Senado.
Los conservadores, muy debilitados electoralmente y sometidos a la presión de la ultraderecha, están aprovechando la ley sobre inmigración para recuperar visibilidad social. Se presentan como abanderados de la lucha contra la inmigración ilegal con medidas como el endurecimiento de las expulsiones de extranjeros condenados por delitos graves, asunto que la extrema derecha ha sabido capitalizar.
Otra de las medidas impuestas por los conservadores fue la reforma del sistema de asilo, tendente a acelerar y endurecer las demandas, así como el condicionamiento de los permisos de residencia a la aceptación de las reglas legales del país. Se suma la limitación del llamado “derecho de suelo”, que permite acceder a la nacionalidad a los 18 años a los hijos de extranjeros nacidos en Francia o la restricción del reagrupamiento familiar, para el que serán necesario haber residido 24 meses y no 18 como hasta ahora.
Los votos de la derecha volverán a ser imprescindibles en la Asamblea Nacional para que el gobierno no se vea obligado a adoptar la ley sin voto parlamentario, lo que abriría la puerta a una nueva moción de censura, como ya pasó este año con la reforma de las pensiones. Las asociaciones de ayuda a los migrantes se pronunciaron “escandalizadas por este festival de los horrores” y llamaron a la Asamblea Nacional a dar marcha atrás con este endurecimiento de la política migratoria.
“Usan la migración para crear discordia”
Benoit Hamon, candidato por el Partido Socialista en las presidenciales de 2017 y actual dirigente de la ONG Singa, advirtió: “Hace 20 años que en Francia el tema de la inmigración lo manipulan algunos políticos y algunos medios para crear discordia en el país y propagar el resentimiento. Y eso funciona”. Hamon fue uno de los protagonistas de una conferencia de prensa que reunió a varias organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y los refugiados en Francia.
“No se muestra lo que funciona, no se muestra, por ejemplo, que el 15 por ciento de los creadores de empresas son extranjeros. No se muestra cómo contribuyen a la seguridad social en Francia y que sin esta contribución todos nuestros sistemas serán deficitarios”, agregó Hamon, exdiputado europeo y antiguo ministro de Educación. Los partidarios de endurecer la ley apuntan que la admisión de extranjeros es muy costosa para las arcas públicas.
Para la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen esas políticas representan 54 mil millones de euros al año, pero las cifras fueron rebatidas por otros estudios privados. La venezolana Camila Ríos Armas, fundadora de la ONG UNIR, que presta ayuda a refugiados y a demandantes de asilo en Francia, advirtió que la nueva ley “debilita aún más a los que están alejados de las ayudas, como los inmigrantes latinoamericanos, que no saben a dónde deben dirigirse”.
