El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió acceder a toda la información de inteligencia relacionada con la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, la declaración del estado de sitio, la masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002 y un lapso de tiempo más extendido que permita contextualizar todos esos episodios. La solicitud está dirigida a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño, y al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a quienes se les requirieron la apertura de los archivos que contengan información sobre las protestas sociales, reuniones públicas y asambleas durante ese período y sobre las decisiones estatales tomadas frente a esas formas de organización, así como de los informes que alimentaron el decreto de estado de sitio del expresidente Fernando de la Rúa que desató la violencia policial en todo el país. «Pretendemos terminar de discernir cómo fueron las intervenciones estatales en relación con las protestas, los piquetes, las asambleas, los cortes de ruta, los medios comunitarios, a nivel de la estructura de inteligencia, la secretaría de Seguridad y cada una de las fuerzas de esos momentos, porque luego de 20 años más allá de las conmemoraciones y pronunciamientos nos parece importante mover algún proceso de apertura de información», dijo a Página/12 una alta fuente del CELS.A partir de esos datos esta organización –que acompaña una de las querella de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la represión del gobierno de la Alianza en diciembre de 2001–, «busca reconstruir la verdad y la memoria sobre estos episodios y las formas de respuesta estatal que derivó en la represión», según expresó el organismo. «Respecto de la información vinculada al estado de sitio, además de los datos previos que puedan haber alimentado la decisión del decreto, se intenta recuperar las órdenes o instrucciones que se puedan haber ejecutado a partir de la decisión presidencial. También se solicitó toda información que en ese momento haya evaluado la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de órden interno», aclaró el CELS. En el pedido de información se incluyó además lo relacionado con los estallidos populares y la represión en todo el país, y sobre la investigación de esos hechos. También se busca conocer si las estructuras de inteligencia condicionaron la respuesta estatal a la organización y a la movilización social y política, como se puede ver en los informes que marcaron los operativos policiales de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En definitiva, el CELS pidió conocer si existen registros o informes de esa época sobre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, agencias periodísticas o asambleas barriales y sobre sus integrantes. De haber existido, estas actividades hubieran significado la realización de inteligencia interior, algo prohibido por tres leyes nacionales. «La información producida por el Estado relativa a los acontecimientos de 2001 permanece bajo secreto. Es importante que se permita el acceso a la información y se avance en la desclasificación para poner a disposición de la sociedad los archivos, registros y documentos que aporten a la construcción de la verdad y la memoria, más allá de las investigaciones judiciales», dijo el organismo.Durante el 19 y el 20 de diciembre de 2001, el CELS intervino en la presentación de habeas corpus en favor de las personas detenidas por la Policía en el contexto de la declaración del estado de sitio. Luego, asumió la representación de varios familiares de víctimas de la represión: María Mercedes Arena, esposa de Gastón Riva, y María Nieves Marino, madre de Diego Lamagna. También participó en el proceso y juicio por la represión de la protesta en Puente Pueyrredón y de la masacre de Avellaneda, donde la Policía Bonaerense asesinó a los piqueteros Darío Santillán y Maxi Kosteki.Esos días de diciembre, en las principales ciudades del país, miles de personas salieron a las calles a reclamar comida, a saquear supermercados, a pedir la renuncia de las autoridades y a protestar frente a los bancos por la confiscación de los ahorros. El estado de sitio no fue declarado según la normativa constitucional argentina ni a los estándares internacionales de derechos humanos e implicó una habilitación indiscriminada para reprimir a los manifestantes. El poder político y las fuerzas de seguridad llevaron adelante represiones brutales que tuvieron como resultado, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, la ejecución policial de cinco personas, más de doscientos heridos graves y cerca de trescientas detenciones ilegales. En todo el país 37 personas fueron asesinadas. «El rol de las estructuras de inteligencia y de la apertura y desclasificación de información de inteligencia y seguridad es parte de la agenda histórica del CELS, que trabajó en la apertura y la desclasificación de archivos de la última dictadura. Del mismo modo lo hizo con la investigación del atentado a la AMIA y diversas causas judiciales en las que solicitamos que se investigue la producción de inteligencia ilegal sobre la organización social», agregó el organismo.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/391430-en-busca-de-los-secretos-de-estado-sobre-la-represion-de-200
