Desde Sevilla
16.300 millones de euros. Ese es el costo económico del acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya para que los siete diputados de esta formación apoyen la investidura de Pedro Sánchez para un nuevo mandato como presidente del Gobierno español.
Tras conocerse el martes el acuerdo entre ambas fuerzas para la aprobación de una ley de amnistía para los cerca de 600 procesados por la intentona independentista de 2017 -que mantiene huidos de la justicia a varios dirigentes, entre ellos el ex presidente del gobierno autonómico y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont– este jueves se difundió la segunda parte del acuerdo, que incluye la condonación de parte de la deuda que la Generalitat (gobierno autónomo) de Cataluña mantiene con el Estado.
Autonomías en crisis
Durante la crisis financiera de la década pasada, que disparó el riesgo país de España, el Gobierno central puso en marcha un mecanismo para dotar de liquidez a las autonomías que dio lugar que éstas contrajeran deudas multimillonarias con el Estado. Una década después, la autonomía que está en peor situación es Cataluña, que debe 71.000 millones de euros.
El pacto alcanzado prevé la condonación de parte esta cantidad, 15.000 millones de euros más otros 1.300 millones de intereses. Aunque en el texto del acuerdo se asegura que otras comunidades podrán también beneficiarse de una reducción, la mayoría de los gobiernos autonómicos, con presidentes del Partido Popular, han estallado con protestas. Consideran que al ser Cataluña la más endeudada –con casi el 40 por ciento del total- el beneficio que obtendrá por este pacto lo acabarán pagando los demás. Los resquemores atávicos que sitúan catalanes y vascos como las comunidades que siempre acaban sacando provecho de las tensiones territoriales han vuelto a surgir con toda la fuerza.
La investidura no está garantizada
Pese a las cesiones en el plano judicial –la amnistía- y en el plano económico –la condonación de la deuda-, que colman las aspiraciones con las que los nacionalistas entraban a esta negociación, la investidura de Pedro Sánchez no está todavía garantizada.
Las dos fuerzas secesionistas catalanas, la izquierdista Esquerra Republicana y la conservadora Junts, se disputan un espacio nacionalista en retroceso que el protagonismo que están adquiriendo en este proceso podría fortalecer.
En las últimas elecciones generales, del pasado 23 de julio, ambas formaciones perdieron representación tras quedar por detrás de los socialistas, Sumar y el Partido Popular en las circunscripciones catalanas. Esquerra obtuvo el 13% de los votos y Junts, el 11%. Sin embargo, la aritmética electoral colocó a los 14 diputados electos por ambas formaciones (siete cada una) en una posición decisiva que los hace imprescindibles no sólo para la investidura de Sánchez, sino también para cualquier medida, incluidos los presupuestos generales del Estado, que el presidente socialista quiera sacar adelante durante su nuevo mandato.
La interna catalana
Ambas fuerzas volverán a medirse en las elecciones autonómicas previstas en principio para febrero de 2025, aunque podrían adelantarse, por lo que ahora compiten por presentarse ante el electorado como las que más han conseguido arrancarle al Partido Socialista. En esta dinámica debe entenderse la decisión de Carles Puigdemont de retrasar este jueves la confirmación de que respaldará la investidura de Sánchez.
El viernes de la semana próxima comienza en la ciudad de Málaga la cumbre de la Internacional Socialista en la que el PSOE oficia de anfitrión y Sánchez aspira a llegar a la reunión ya reelegido como presidente del Gobierno de España.
Por ese motivo intentó imprimir un acelerón a las negociaciones para que el PSOE y ERC cerraran en 48 horas un acuerdo que permite a los republicanos presentarse como quienes han conseguido la amnistía, la quita en la deuda y también el traspaso a la administración catalana de la gestión de los trenes suburbanos en Cataluña, otra de las antiguas aspiraciones del nacionalismo.
Con este antecedente, se había convocado una reunión en Bélgica, donde reside Puigdemont –aún prófugo de la justicia española- entre la cúpula de Junts y dirigentes socialistas que hizo pensar que el acuerdo era inminente, pero los primeros optaron por levantarse de la mesa y postergar la firma. Nada hace pensar que la investidura de Sánchez se frustrará, pero la competencia entre los nacionalistas catalanes ha bañado de incertidumbre lo que 24 horas antes era una certeza.
