El expresidente de Bolivia, Evo Morales, exigió este lunes una solución definitiva al conflicto por el censo nacional en el día 17 de un paro de actividades en el departamento de Santa Cruz, organizado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) con bloqueos y huelgas de hambre, allí en la locomotora económica de Bolivia y bastión de la oposición de derecha. El censo debía realizarse en este mes de noviembre, pero el gobierno de Luis Arce anunció en julio su aplazamiento hasta 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta, sobre todo de Santa Cruz. La derecha, que tiene entre sus principales espadas al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, argumenta que conocer cuántos habitantes tiene, le permitirá acceder a más recursos económicos públicos y ampliar su representación en el Parlamento.
“Dejar la mezquindad a un lado”
“Pido a los responsables y participantes de la mesa técnica instalada en Trinidad pensar y considerar la situación desesperante por la que atraviesan nuestras hermanas y hermanos que se ven impedidos de trabajar normalmente desde hace tantos días”, manifestó Morales en su cuenta en Twitter. El exmandatario llamó a “dejar el cálculo político y la mezquindad a un lado” para entender que “el daño a la economía del país puede ser irreversible si no encuentran soluciones ni asumen decisiones”.
“Ojalá los funcionarios que llevan adelante la mesa de decisión de la fecha del censo piensen que mientras ellos van a cobrar sus sueldos, nuestras hermanas y hermanos gremialistas, emprendedores y transportistas han dejado de generar ingresos desde hace dos semanas“, planteó Morales, quien estuvo el sábado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para la presentación del documental “Seremos millones”.
Debate abierto
La mesa técnica que decidirá la fecha del censo decidió ampliar los grupos de trabajo para revisar el cronograma. La mesa sesiona en instalaciones de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, en la ciudad de Trinidad, con la participación de técnicos de entidades de todo el país, además de los representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade).
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, participó de la sesión del lunes y señaló que es muy difícil dar una fecha aproximada del censo, por lo que agregó que “es necesario que el debate fluya, que tome el tiempo que sea necesario y de esa manera tener un intercambio de criterios profundo que permita tomar una decisión objetiva”.
En una entrevista con medios estatales el vocero presidencial, Jorge Richter, insistió en que el conflicto busca una “ruptura constitucional” similar a la que ocurrió en 2019, cuando Evo Morales se vio forzado a renunciar a la presidencia en medio de denuncias nunca comprobadas de fraude electoral en los fallidos comicios de ese año.
Sin embargo, el propio Morales indicó en su cuenta de Twitter que no cree que detrás de las protestas por el censo haya una intención de dar un golpe de Estado, pero sí un plan para debilitar al oficialismo y dañar la economía. El exmandatario fue aún más lejos al plantear que “algún sector del gobierno está aliado con los golpistas”.
Al respecto, el exlíder cocalero lamentó las “pugnas internas y contradicciones de algunos ministros”, apuntando sobre todo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Mientras el ministro de Gobierno asume posición en relación al censo, la ministra de la Presidencia (Maria Nela Prada) lo desautoriza. Si un ministro es desautorizado por el gobierno, si tiene dignidad, debería renunciar“, disparó Morales.
¿Cómo siguen las medidas de fuerza?
Este lunes se esperaba el primer día de paro cívico nacional en demanda de que el censo se realice en 2023. Sin embargo, la medida ratificada el domingo por el cívico Rómulo Calvo desde la capital oriental arrancó sin la fuerza prometida. La mayoría de las ciudades capitales, a excepción de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, reportaron total normalidad en sus actividades diarias.
El CONADE de Santa Cruz inició el 22 de octubre una huelga que empezó con protestas, principalmente con bloqueos de caminos, avenidas y rutas interdepartamentales, para exigirle al gobierno del presidente Luis Arce que adelante para 2023 un censo fijado para 2024. El paro de actividades en el este de Bolivia generó un desabastecimiento de alimentos, carnes y combustibles, y repercute en el resto del país en el comercio, transporte y exportaciones.
Santa Cruz es la región que más ha insistido con la realización de la encuesta. porque de ella dependen aspectos como una nueva distribución de recursos según la población y la asignación de cuotas de representación política en el Parlamento. El Ejecutivo señaló que no hay condiciones técnicas para un censo en 2023, pero sí en 2024.
El viernes, el gobierno y Santa Cruz, junto a alcaldes y gobernadores de otros departamentos, abrieron una mesa de diálogo para definir la fecha del censo luego de varios intentos fallidos de acercamiento. En la inauguración de esa mesa, el presidente Arce lamentó que se haya generado un “abordaje político” del debate y se lo utilice “como un instrumento de desestabilización del gobierno”.
