La bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia presentará este lunes la auditoría sobre el funcionamiento de la oficina de escuchas judiciales que tiene a cargo la Corte Suprema desde 2016, cuando le fue transferida mediante un decreto de Mauricio Macri.
Y el resultado del informe, elaborado por los legisladores durante los últimos 6 meses, es que los supremos permitieron que las conversaciones telefónicas interceptadas por orden judicial se filtraran en los medios y hasta llegaran a manos de jueces ajenos a las causas originales.
El principal responsable de esas irregularidades habría sido el camarista Martín Irurzun, quien estuvo a cargo de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, la Dajudeco, creada por la Corte para abocarse a las escuchas judiciales ni bien le fueron transferidas.
Irurzun es autor del fallo que habilitó las prisiones preventivas de ex funcionarios por casos de corrupción, que algunos de sus colegas consideraron una “doctrina”. No así la bicameral del Congreso a cargo de la implementación del Código Procesal Penal, que hace un año y por unanimidad restringió los motivos para detener gente sin condena firme. En el informe se lo acusa de no haber protegido las grabaciones junto a las ex autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a los jueces que las utilizaron para sus investigaciones.
Lorenzetti quedará peor parado que sus cuatro compañeros porque presidía la Corte y no pudo explicar algunos trámites internos, como el sorteo que, según la acordada 2 de 2016, designó al frente de la Dajudeco a Irurzun y como suplente al camarista Javier María Leal de Ibarra. Otro decreto posterior de Macri los confirmó en sus cargos hasta enero de 2020.
Sus nombres se habían filtrado en los medios pocos días antes de esa acordada, firmada además por Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Durante la investigación, los legisladores no hallaron el acta del sorteo en ningún rincón de la Corte.
En junio, el senador Oscar Parrilli, una de las víctimas de la filtración de escuchas, había anticipado que si se comprobaba que Irurzun fue elegido a dedo “Lorenzetti ha incursionado en un delito, que es precisamente el de adulterar un documento público” y por lo tanto era plausible a un juicio político. El fiscal federal Federico Delgado promovió una investigación sobre el misterioso sorteo pero la causa fue cerrada por la Cámara Federal. Con los nuevos datos de la bicameral podría reabrirse.
