En Argentina una de cada dos mujeres atravesó una situación de violencia a lo largo de su vida, pero solo dos de cada diez la denunciaron. El dato se desprende de la primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia contra Mujeres de Argentina presentada recientemente por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Iniciativa Spotlight, una alianza entre Naciones Unidas y la Unión Europea para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Los tipos de violencia más frecuentes detectadas fueron la psicológica (42%), la económica y patrimonial (23%), la física (23%) y la sexual (18%). Se entrevistó a 12.152 mujeres de entre 18 y 65 años de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
El estudio puso en evidencia una vez más que los estereotipos de género y las normas sociales que naturalizan la subordinación de las mujeres y legitiman la violencia; las desigualdades estructurales que impiden romper vínculos nocivos o las brechas de acceso a servicios integrales de atención son algunos de los factores que explican la persistencia de la violencia contra las mujeres, la violación a los derechos humanos más extendida en el mundo.
Cada 25 de noviembre Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Esta fecha nos recuerda que en 1960 las hermanas Mirabal fueron asesinadas en República Dominicana por su oposición al régimen de Rafael Trujillo, y marca el inicio de los 16 días de activismo, que culminan el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para poner fin a las violencias contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad.
La campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” pone el foco en el rol central de las activistas, organizaciones feministas y de mujeres de la sociedad civil para prevenir, atender y erradicar la violencia basada en género. Una realidad que continúa afectando de forma desproporcionada a miles de mujeres, niñas y colectivos LGBTIQ+.
¿Cómo podemos garantizar que las mujeres denuncien de forma segura las múltiples violencias que sufren? Dándoles todas las garantías necesarias de que no enfrentarán más violencias en ese camino. En ese sentido, debe garantizarse el acceso a la justicia. Los Ministerios Públicos tienen un papel fundamental para prevenir actos de violencia, asegurar una investigación adecuada con perspectiva de género y sin sesgos discriminatorios contra las mujeres, y la atención y protección de los derechos de las víctimas y supervivientes.
Recientemente, se celebró en Buenos Aires la IV Reunión Plenaria de la Red Especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que reúne a fiscalas de Iberoamérica, con el respaldo de la Iniciativa Spotlight, donde se decidió avanzar en la elaboración de un protocolo latinoamericano de investigación y litigio de casos de violencia sexual. También se destacó la reciente adopción de pautas de actuación de los Ministerios Públicos en los delitos por violencias de género cometidos por grupos de criminalidad organizada o compleja
Son pasos necesarios para que mujeres y niñas de Argentina y todo el continente tengan acceso a la justicia y para prevenir y eliminar la violencia, el acoso, las amenazas, la intimidación y la discriminación contra las defensoras de los derechos humanos y las activistas de los derechos de las mujeres en toda su diversidad.
Este 25 de noviembre, y todos los días, digamos NO a la violencia contra las mujeres y niñas.
Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y representante en Argentina; Leah Tandeter, especialista en Políticas para la Eliminación de la Violencia contra Mujeres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe, y Carla Majdalani, coordinadora del área de Erradicación de la Violencia basada en Género, ONU Mujeres Argentina.
