Después de que Página/12 revelara que existió un encuentro entre Jair Bolsonaro y la dictadora boliviana Jeanine Añez, la fiscalía general del Estado Plurinacional abrió una investigación centrada en los sospechosos vuelos –también denunciados por este diario– que el avión presidencial boliviano hizo a Brasil durante los primeros meses de la dictadura. La relación entre el presidente Brasil y Añez refuerza la teoría de que éste pudo haber sido el tercer país que cooperó con el golpe contra Evo Morales junto al Ecuador de Lenin Moreno y al gobierno de Mauricio Macri. A nivel local, se espera que en el próximo mes comiencen las declaraciones testimoniales de los gendarmes que estuvieron destinados a La Paz y fueron quienes tuvieron contacto con el armamento que envió la Argentina.El pez por la boca muere. Y eso lo sabe Bolsonaro, que días atrás incurrió en un sincericidio. «La expresidenta de Bolivia, Jeanine… estuve con ella una vez, es una persona simpática que está presa. ¿Saben cuál es la acusación contra ella? (haber cometido) actos antidemocráticos». La información –revelada por el periodista Darío Pignotti– volvió a poner en el foco la coordinación regional de los gobiernos de derecha en favor del golpe contra Morales.Tras la publicación de este diario, el fiscal general de Bolivia, Juan Lachipa, anunció que se va a llevar adelante una investigación que contemple los vuelos que se hicieron a Brasil, a Ecuador e incluso a la Argentina. “Se va a dar inicio formal a la investigación sobre estos vuelos no autorizados”, dijo Lachipa en una conferencia de prensa. En junio de 2020, Página/12 había informado que en la madrugada del 11 de noviembre de 2019, el avión presidencial de Bolivia – el FAB 001– estaba en Brasil. Horas antes, Morales había anunciado su dimisión después de que así se lo exigiera el ejército en medio de sublevaciones. Entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, el FAB 001 únicamente hizo viajes a Brasil. Según la empresa norteamericana de seguimiento FlightAware, fueron 25 vuelos. El avión siempre se desplazó hacia Santa Cruz, el epicentro del levantamiento contra Morales, y casi no visitó el resto de los departamentos bolivianos.Añez nunca pidió permiso al Parlamento boliviano para viajar. De haberlo hecho, la presidencia debió haber quedado en manos de la entonces titular del Senado Eva Copa, referente del MAS de Morales. Añez evidentemente no estaba dispuesta a correr ese riesgo.Añez, que está siendo juzgada por su rol en el golpe, salió a negar a través de sus abogados lo que Bolsonaro confirmó: que se conocían. “Añez jamás sostuvo una reunión personal con el señor Jair Bolsonaro, y menos utilizado el avión presidencial para generar acciones que atenten a la seguridad interna de nuestro Estado, y ello ni antes ni durante el periodo de su mandato presidencial”, dijeron sus defensores a través de un comunicado difundido por la prensa boliviana. “La defensa asume que estas nuevas investigaciones anunciadas contra la expresidenta Añez sencillamente tendrían por objeto generar elementos para asegurar su condena por un supuesto golpe de Estado”, añadieron.Para noviembre de 2019, había un reclamo de las fuerzas armadas y de seguridad bolivianas para hacerse de armas para reprimir las protestas sociales en apoyo a Morales. Ese reclamo, se sabe, se respondió gracias a la “solidaridad” de dos gobiernos de la derecha sudamericana: Ecuador y Argentina. Ecuador, según informó en mayo del año pasado, había enviado en calidad de préstamo 5.500 granadas y casi tres mil proyectiles. El gobierno de Macri, por su parte, mandó 70.000 balas antitumulto, granadas y sprays.Hasta ahora se reconstruyó que la administración Cambiemos utilizó el envío de un contingente de gendarmes –supuestamente para garantizar la seguridad de la embajada argentina– como excusa para mandar los materiales represivos a Bolivia. Inicialmente los 70.000 cartuchos no iban a salir del país. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2019, la Gendarmería le solicitó autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacar un complemento. El pedido se formuló después de una saga de misteriosas reuniones en la Casa Rosada, según denunció el gobierno de Alberto Fernández. Primero, el entonces canciller Jorge Faurie se entrevistó con Macri. Luego se hizo una reunión en el despacho de Marcos Peña en el que participaron la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el titular de la Gendarmería, Gerardo Otero.El avión argentino partió al filo de la madrugada desde la base del Palomar y llegó alrededor de las cuatro de la mañana al aeropuerto de El Alto. Según se reconstruyó, las balas se repartieron entre la Fuerza Aérea Boliviana –que se quedó con 40.000 — y la Policía –que recibió 26.900 –. En el sumario administrativo, los gendarmes declararon no haber tenido contacto con los cartuchos, lo que descarta la versión que oficialmente habían dado oficiales para justificar que las balas no regresaron: habían sostenido que las habían gastado en prácticas en Bolivia. Entre febrero y marzo, el juez Alejandro Cattania le estará tomando declaración a los gendarmes que estuvieron en el Estado Plurinacional.En la causa están imputados Macri, Bullrich, Peña, Faurie, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exembajador Normando Álvarez García por contrabando agravado. Además, se investiga a Otero –mano derecha de Bullrich– y a otros funcionarios de la Gendarmería.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/396718-la-justicia-boliviana-investigara-los-sospechos-viajes-del-a
