La Corte Suprema de Brasil determinó la extradición de los bolsonaristas prófugos por haber intentado un golpe de estado contra Lula en enero de 2023, tal como lo adelantó LPO en junio.
La decisión fue tomada por Alexander De Moraes y alcanza a más de 60 condenados, entre ellos que los que pidieron asilo en el país y el bloguero Oswaldo Eustáquio, que está en España. La sospecha de la Policía Federal es que la mayoría de los que huyeron a Argentina lo hicieron escondidos en coches tras romper la tobillera electrónica que usaban.
La Justicia brasileña ya condenó a más de 200 personas que participaron en los actos vandálicos del 8 de enero. Todos ellos responden por los crímenes de asociación criminal armada, daño cualificado, deterioración de patrimonio histórico, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho e intento de golpe de Estado.
Según informó Globo, la determinación del ministro fue enviada al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del ministerio de Justicia de Brasil que deberá evaluar si el caso cumple con los acuerdos establecidos en los tratados internacionales. Luego, se envía el material al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es responsable de las relaciones con el país extranjero.
Tras ese proceso, se espera que en los próximos días llegue la notificación a la Cancillería argentina y el ministerio de Justicia de Argentina con las pautas a cumplir. Fuentes de Itamaraty aclaran que el proceso es confidencial pero sugieren que está todo dado para que la notificación llegue a la Argentina.
Según pudo averiguar LPO, el ministerio de Mondino aún no recibió ninguna notificación normal pero lo que reina es el hermetismo absoluto.
Los cierto es que en este momento hay dos procesos en paralelo. El pedido de extradición de la Corte y el proceso de pedido de asilo político que está en la órbita de la Comisión Nacional de Refugiados que puede demorar un largo tiempo.
Como adelantó LPO en exclusivo , el gobierno busca dormir la causa para evitar tener que tomar partido entre la amistad de Milei con los Bolsonaro y la compleja relación bilateral con Brasil que hoy está sostenida por la buena relación de Diana Mondino con su par Mauro Vieira y el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli.
Además, Mondino esquivó reunirse con uno de los abogados de los prófugos en un reciente viaje a principios de septiembre que, como publicó en exclusivo este medio, llegó con la intención de explicar el caso a las autoridades pero se fueron solo con una reunión casual e informal con Fernando Cerimedo en un foro de ultraderecha en el ex CCK.
De todas formas, el propio Jair Bolsonaro ejerció una suerte de presión contra Milei la semana pasada cuando publico un video de “los refugiados” y agradeció a Milei por acogerlos.
En una reciente entrevista con LPO, el embajador Bitelli dijo que “hasta ahora, la manera que el tema se viene llevando en Argentina es absolutamente correcta. Es lo mismo que hubiese pasado en Brasil. La ley en Brasil como en Argentina dice que la persona que pide ser considerado un refugiado desde el momento que lo pide tiene toda la protección”.
“Es una decisión que le toca a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) que está analizando. Desde la perspectiva de Brasil no hay ninguna disconformidad respecto a como se están llevando adelante esos pedidos. Estamos esperando”, agregó.
Para el gobierno es un fino equilibrio en el que parece que el tiempo le juega en contra en un contexto en donde Lula y Milei podrían reunirse en la cumbre del G20 en Río de Janeiro y un aumento del 27,1 por ciento del intercambio comercial (un aumento del 16 por ciento respecto de agosto), según el informe de intercambio bilateral de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Por eso, aceptar a los prófugos es cruzar una línea roja con el gobierno de Brasil, negarlos es afectar un vínculo personal que Milei considera importante.
