LA MAFIA DEL GOBIERNO VULNERA LA LEY Y QUIERE INSTALAR A FARMACITY EN LA PROVINCIA

LA DOBLE VARA DE SIEMPRE
¿Mafias en el Gobierno? El monstruo Farmacity busca desembarcar en la Provincia
La poderosa franquicia que fundió miles de farmacias de barrio en la Ciudad, vinculada a Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete, le inició un juicio millonario al Estado para poder instalarse en la Provincia.
Desde el gobierno acusan a todos los sectores de la oposición de encarnar distinas mafias. Las hay sindicales, de juicios laborales, docentes mafiosos y hasta estudiantes mafiosos. Sin embargo, poco se dice de las dudosas maniobras de quienes están involucrados en el Gobierno.
Mario Quintana, quien ejerce el cargo de Secretario de coordinación interministerial de la jefatura de gabinete de ministros de la Nación, el ex CEO del fondo de inversión Pegasus, es además dueño de la cadena Farmacity y tiene en su patrimonio acciones del Grupo Clarín y Techint.
Siendo el segundo funcionario más acaudalado del gabinete, apenas por detrás de Juan José Aranguren, Quintana desea expandir aun más su negocio farmacéutico, de esta manera quiere que se declare inconstitucional la ley 10.606 que establece que las farmacias se tienen que distribuir racionalmente, con una distancia no menor a 1.300 metros entre una y otra.
Quintana fue patrocinado, en este juicio contra el Estado, por el estudio de abogados de Carlos Rosenkrantz, el actual juez de la Corte Suprema.
Los farmacéuticos esgrimen que la ley que regula la actividad profesional impide el desembarco de la compañía con su forma de comercialización.
María Isabel Reinoso, presidenta del colegio profesional, aseguró que no habrá más que perjuicios económicos para “profesionales y clientes” de concretarse la llegada de la cadena a la provincia.
“La provincia rechazó el ingreso de Farmacity en todas las instancias y por unanimidad, por eso ahora Farmacity se fue en queja a Nación”, dijo la titular de los colegiados.
En ese sentido, apuntó: “Monopolizan el mercado y después, con su posición dominante, transforman el servicio público de salud en un servicio comercial buscando el beneficio de la empresa y no de la gente. Por eso el perjuicio sería para la farmacia y para la gente porque, una vez que se instalan, se ponen de acuerdo y levantan los precios”, advirtió.