Alberto Fernández usó un decreto simple para quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad y transferirlo a la provincia de Buenos Aires, un recurso que no requiere de aval parlamentario aunque no evitará que el debate se cuele cuando el ministro de Hacienda Martín Guzmán defienda en el Congreso el presupuesto de 2021, que presentará el martes.
No es el mismo recorrido que los decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNUs, que si bien rigen desde su publicación en el Boletín Oficial necesitan una revisión legislativa de “constitucionalidad”, que no es otra cosa que evaluar si hubo motivos justificados para eludir la redacción de un proyecto de ley.
De todos modos, sólo pierden validez si las dos Cámaras lo rechazan y alcanza con que los avale una para dejarlos firmes, un resquicio de la ley que reguló su aplicación y ningún Gobierno querrá modificar, por más republicano que se presente.
Alberto lo aprovechó. La mayoría oficialista del Senado, monitoreada por Cristina Kirchner, se encarga de refrendar cada uno de los DNUs que firma, primero en la bicameral de trámite legislativo y luego en el pleno de la Cámara alta. En Diputados, donde el frente de Todos no llega al quórum con los suyos, no se debatió ninguno.
Con un decreto simple no es necesario pedir ayuda a los legisladores y en la Casa Rosada recuerdan que fue el recurso utilizado por Mauricio Macri para elevar a 3.75% la coparticipación a la Ciudad en enero de 2016 con el objetivo de financiar el traspaso de la policía federal y bajarla a 3.5% dos años después. Sin un desglose de gastos, porque nunca fueron detallados en una ley, Aberto redujo un punto esa transferencia por considerar que el resto del dinero alcanza y sobra para mantener a la fuerza en funciones.
