El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó en la noche del viernes adelantar para 2023 el censo de población, en medio de una jornada de violencia en la región opositora de Santa Cruz. “Quiero anunciar dos decisiones; primero, el empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024; segundo, con base a estos resultados preliminares se hará la distribución de recursos en septiembre de ese año”, señaló el presidente en un mensaje a la Nación.
La decisión la dio a conocer en el día 21 del paro indefinido en la región de Santa Cruz, motor económico del país que lidera las presiones para que el censo se efectúe en 2023 y que sus datos se apliquen en 2025, año en que están previstos los comicios presidenciales. En ese sentido, Arce destacó que en septiembre de 2024, mes aniversario de Santa Cruz, los recursos por coparticipación serán enviados a esa región en base a los datos poblacionales que existen hasta ahora.
El presidente mencionó que, tras recibir las recomendaciones de la comisión técnica que trabajó cuatro días en la ciudad amazónica de Trinidad, determinó la realización de la encuesta censal para el primer trimestre de 2024, subrayando “la voluntad irrenunciable de apostar al diálogo” con la responsabilidad que los bolivianos le dieron en octubre de 2020 .
Actos de desestabilización
Este viernes hubo fuertes choques entre manifestantes afines al paro y seguidores del Gobierno. Por la tarde, miembros del Comité por Santa Cruz, una organización que lucha por los intereses de la región, tomaron instituciones públicas e incendiaron una sede campesina, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.
El presidente dijo que nuevamente el país estaba siendo amenazado por intentos desestabilizadores por algunas personas que pretenden interrumpir el orden democrático. “Un acto técnico como es un censo, en ningún otro país se ha convertido en un pretexto político para desestabilizar a un Gobierno y confrontar a la población“, indicó.
El presidente convocó a todas las corrientes democráticas del país o las que existen dentro del Comité Interinstitucional de Santa Cruz a cerrar el paso a la violencia y los intentos de ruptura del orden constitucional. “Lamentablemente se ha insistido en un paro cívico en el departamento de Santa Cruz que en 21 días ha enlutado a la familia boliviana con cuatro muertos, cientos de heridos y enormes daños a la economía buscando una escalada de violencia racista“, afirmó Arce.
Según un balance del gobierno de Arce, el conflicto por el censo dejó cuatro muertos en choques callejeros entre civiles, 178 heridos, una mujer violada, trabajadores de prensa golpeados y ultrajados en el cubrimiento de los enfrentamientos, saqueos y hasta el incendio a la sede de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.
Para este domingo está previsto un cabildo en la ciudad de Santa Cruz en el que se definirá la continuidad del paro y la posibilidad de más medidas de presión, como las huelgas que políticos opositores y representantes sociales hacen desde hace unos días en diferentes regiones del país.
Inicialmente, el empadronamiento se había fijado para este mes, pero en julio pasado el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando problemas técnicos y la necesidad de conseguir datos de calidad mediante la despolitización del proceso. El último censo que se realizó en Bolivia fue en 2012 y las leyes del país establecen que esa consulta debe realizarse cada 10 años.
