El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió este martes tomar medidas tras el asesinato de Nega Pataxó, una lideresa indígena de la etnia Pataxó-hã-hã-hãe que fue baleada en un conflicto con terratenientes del sur del estado de Bahía, en el noreste brasileño.
“Estoy conversando con el gobernador (de Bahía) Jerônimo Rodrigues y la ministra (de los Pueblos Indígenas) Sônia Guajajara, que fue a la región para abordar la situación”, expresó el mandatario en sus redes sociales. “Quiero poner al Gobierno federal a disposición del gobernador y de los pueblos indígenas para encontrar una solución de forma pacífica. Mi solidaridad con la familia de Nega Pataxó”, añadió.
La muerte de la lideresa
María da Fátima Muniz de Andrade, conocida como Nega Pataxó, era hermana del cacique Nailton Muniz, el líder de los pataxó en la región. Fue asesinada el domingo en un ataque perpetrado por un grupo de ruralistas –término utilizado en Brasil para referirse a comerciantes y empresarios del sector agrícola– identificado como “Invasión Cero”, que movilizó a 200 de sus miembros a través de una convocatoria en WhatsApp.
El llamado instaba a recuperar por medios propios las tierras de una hacienda ubicada en el municipio de Potiraguá, en el estado de Bahía, que fue ocupada el sábado por indígenas que lo reivindican como propiedad de sus ancestros. Se trata de una vieja disputa que está hace años en los tribunales y que impide a la estatal Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) avanzar con el proceso de demarcación del territorio pataxó.
“El cacique Nailton fue tiroteado y su hermana, Nega Pataxó, fue asesinada. Otras dos personas fueron sometidas a palizas y a una mujer le quebraron un brazo. Otros heridos fueron hospitalizados pero no corren riesgo de vida”, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), organización que representa y trabaja en defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. “Exigimos que las autoridades investiguen el caso. Reiteramos que la delimitación de los territorios indígenas es el único camino para amenazar la escalada de violencia que afecta a los pueblos de la región del sur de Bahía”, añadió.
Pese a que la APIB afirmó que entre los agresores que tirotearon a sus tres líderes había miembros de la policía, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Bahía negó que sus agentes hubiesen intervenido en el tiroteo. La policía informó igualmente en un comunicado que le incautó dos pistolas, dos revólveres, cargadores y municiones a dos miembros del grupo de hacendados, que fueron detenidos y acusados de homicidio, intento de homicidio y portación ilegal de armas.
Hay muchas otras zonas de Brasil en donde hay conflictos de esta índole. Sin ir más lejos, el viernes el Gobierno de Brasil aprobó el envío de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, un cuerpo de élite compuesto por policías militares nacionales, a la tierra indígena Tekohá Guasu Guavira, ubicada en el estado de Paraná, que desde 2020 vive inmersa en un conflicto entre indígenas y terratenientes por la delimitación de su territorio y donde a principios de este año tres indígenas fueron heridos por un ataque a tiros.
El avance del agronegocio y la minería
Pese a que el regreso de Lula a la Presidencia en enero del año pasado y la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas permitió a la Funai desempolvar varios procesos de delimitación de reservas que habían sido archivados por el entonces presidente Jair Bolsonaro, la violencia contra los pueblos originarios no cesó en el territorio brasileño. Precisamente, los conflictos volvieron a agravarse luego de que el Congreso, de predominio conservador, aprobara en septiembre una ley que limita los derechos de los indígenas sobre sus tierras ancestrales para permitir el avance del agronegocio y la minería. Lula, un declarado defensor de las causas indigenistas, vetó al mes siguiente algunos tramos del texto, incluido el “marco temporal”.
Defendida por el poderoso agronegocio, esa tesis sólo reconoce el derecho de los indígenas, que totalizan 1,7 millones de los 203 millones de habitantes de Brasil, a reivindicar los territorios que ocupaban en 1988, cuando se aprobó la actual Constitución. Es rechazada por las comunidades indígenas con el argumento de que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
Con una mayoría de votos de 321 diputados y 53 senadores, el parlamento eliminó a mediados de diciembre el veto del mandatario. La APIB reaccionó recurriendo al Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte del país, para pedir la inconstitucionalidad de toda la ley. La misma corte declaró en septiembre inconstitucional el marco temporal pero esa declaración no fue tomada en cuenta por el Congreso cuando aprobó con carácter de urgencia la norma.
Numerosos científicos consideran que las reservas indígenas son barreras contra la deforestación y, por lo tanto, claves en la lucha contra el calentamiento global. “Es absurdo que mientras el mundo ya reconoce a los pueblos indígenas y sus territorios como una de las últimas alternativas para contener la crisis climática, el Congreso actúe a contramano”, dijo la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, en un video difundido en sus redes sociales para expresar su lamento por la decisión parlamentaria.
