¿POR QUÉ PAMI CREÓ PAMI?
La maniobra por la que el Gobierno comienza a utilizar sin control fondos de PAMI
La semana pasada el directorio de la obra social de los jubilados creó la Fundación PAMI, una ONG que pasaría a ser la administradora de los recursos pero con características típicas del derecho privado, como la falta de controles oficiales o la realización de licitaciones.
El licenciado Sergio Daniel Cassinotti reemplazó a Carlos Regazzoni a mediados de este año al frente del PAMI, es quien la semana pasada firmó una sospechosa transformación en el marco jurídico a la obra social de los jubilados: la nueva resolución creó una ONG -Fundación PAMI- con idénticos objetivos y alcance que el actual PAMI.
El cambio es sustancial y polémico, según advirtió El Disenso en un informe. El tipo de organización ‘no gubernamental’ gambetea por completo los controles estatales y evade la obligación de, por ejemplo, realizar licitaciones.
Los antecedentes de Cassinotti sobre todo son los que encienden la alarma: el funcionario es sospechado por estafas, sobreprecios y empresas fantasma luego de desempeñarse al frente de IOMA, por lo que comienzan a sonar las voces de alerta por posibles contrataciones directas y decisiones arbitrarias, que caben a la perfección en la jugada de la creación de la Fundación PAMI.
¿Cuáles son los peligros? Una fundación puede disolverse de un día para el otro, no se encuentra obligada a prestarle ayuda a una persona determinada, puede ejercer un criterio discrecional para utilizar sus fondos ni debe garantizar las prestaciones universales tal y como ocurre ahora.
Los fondos del PAMI provienen obligatoriamente del 3% de los haberes jubilatorios, mientras que el patrimonio inicial declarado de la Fundación PAMI – INSSJP estará integrado por la suma de 100 mil pesos aportados por “el fundador”, es decir, el actual PAMI.
De todo esto se desprende que, al no integrar la Fundación PAMI los cuadros de la administración ni pertenecer a la administración central, se podría dar en algún momento que la entidad cortara sus servicios o presentara quiebra, sin embargo el Gobierno no tendría responsabilidad, incluso podría desentenderse sin consecuencias jurídicas.