Ocho militares procesados por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 salieron de la cárcel luego de que una jueza les permitiera seguir su proceso penal en libertad. El gobierno mexicano había enviado previamente una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que advertía sobre el riesgo de liberar a militares vinculados a la tragedia y llamaba a “garantizar los derechos humanos de las víctimas”.
Libres bajo fianza
“Efectivamente, la jueza segunda de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, notificó la inmediata libertad de nuestros defendidos”, confirmó el abogado defensor César Omar González en diálogo con Radio Fórmula. Se trata de los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, que salieron este miércoles de la cárcel luego de pagar una fianza de 50 mil pesos mexicanos (alrededor de 2900 dólares).
El 20 de enero la magistrada Duarte resolvió revocar la prisión preventiva oficiosa contra los militares al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no justificó la medida cautelar. La jueza les ordenó presentarse cada 15 días a firmar ante los juzgados de distrito y les prohibió salir del país, así como acercarse al lugar de los hechos, la localidad de Guerrero, donde ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El abogado González dijo que sus defendidos están “listos para enfrentar el resto de lo que viene y demostrar su completa inocencia”. Tras el anuncio del cambio de medidas cautelares, la FGR advirtió que impugnará la decisión de liberar a los ocho militares. El gobierno federal, por su parte, informó que pedirá a la FGR que se otorguen nuevas órdenes de aprehensión contra los militares.
La advertencia del gobierno mexicano
La secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, publicó en sus redes sociales una carta que mandó el 12 de diciembre a la presidenta de la Corte Suprema, Norma Piña, sobre el caso de los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014 en Guerrero. “Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, apuntó Alcalde.
En la misiva, la secretaria de Gobernación argumentó que “existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”. “Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”, escribió Alcalde.
En otro comunicado el gobierno mexicano dijo que “una vez más el poder judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” y dijo que previamente liberó a 62 implicados en los hechos, al argumentar que “habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel”. El Ejecutivo de López Obrador recordó que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR, actual FGR), Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.
Relación tirante con la Corte
El episodio de los ocho militares liberados representa un nuevo choque de López Obrador con la Corte, ya que en marzo pasado el mandatario afirmó que apenas llegó la nueva presidenta “se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”. Pese a las quejas del gobierno, se incrementaron las acusaciones de las familias de las víctimas y organizaciones civiles sobre un encubrimiento a los militares. Las presiones del Ejército impiden nuevos avances y derivaron en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del país.
Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, aseguró el domingo que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litigan contra la investigación. La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.
La investigación desacreditó la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como “verdad histórica”, según la cual un grupo de policías detuvo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero. En 2018 López Obrador reabrió las pesquisas, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora admitió la participación del Estado mexicano.
El gobierno federal aseguró el miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que los esfuerzos para resolver en todas sus dimensiones el caso Ayotzinapa continúan. “La atención del caso Ayotzinapa sigue siendo una prioridad del Estado mexicano. No se ha escatimado ni se escatimarán esfuerzos hasta lograr la memoria, la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias en este caso que tanto lacera a la sociedad mexicana”, dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández García.
