Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, que investiga la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural del estado mexicano de Guerrero ocurrida hace ocho años, presentó este martes su renuncia por diferencias en los procedimientos. La información fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en su gobierno se respetan todos los puntos de vista. La renuncia ocurre luego de la emisión de acusaciones y órdenes de detenciones incompletas de militares vinculados al caso, y la cancelación de otras órdenes de detención contra presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes.
“No estuvo de acuerdo con los procedimientos”
“Él va a dejar el cargo y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina. “El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, hubo diferencias en eso, y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación”, sostuvo el presidente mexicano.
Aunque López Obrador no ahondó en el tema, dijo que se nombrará pronto al sustituto del ahora exfiscal y le envió un mensaje a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. “Decirle a los jóvenes de Ayotzinapa, a las mamás, a los papás, que tengan confianza, que vamos a continuar con la investigación. Ojalá me crean. Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero tenemos la firme voluntad de hacer justicia”, sentenció el mandatario.
El presidente de México también dijo que se dio un paso importante con los recientes hallazgos del caso, así como con las cuatro detenciones de militares presuntamente involucrados y del exprocurador mexicano Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El sábado pasado se filtraron fragmentos ocultos del informe de la Comisión de la Verdad, presentado el 18 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. López Obrador lo tachó de un acto de mala fe para evitar que se usara en tribunales mexicanos. “No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esta manera ya no va a tener validez legal“, comentó.
“Una situación en extremo preocupante”
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa jurídicamente a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, protestó por las circunstancias que llevaron a la renuncia de Gómez Trejo. “Es una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso”, dijo el organismo en un comunicado.
El Centro Prodh salió en defensa del trabajo del fiscal renunciante y también del presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. “Damos fe del trabajo comprometido que venían realizando el fiscal especial y su equipo, con el esencial apoyo del presidente de la Comisión de la Verdad de cuya labor decisiva damos testimonio también y llamamos a que no se adopten represalias en su contra“, planteó el comunicado del centro defensor de derechos humanos.
Gómez Trejo presentó su renuncia al cargo luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público cancelaran 21 órdenes de detención que había solicitado la Fiscalía General porque no aparecían en el informe que la Comisión de la Verdad presentó en agosto. Ese controvertido procedimiento fue aprobado por un juzgado de distrito en materia penal con sede en Toluca, capital del central estado de México, en contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas.
Gómez Trejo fue designado en junio de 2019 como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR. Antes de ese nombramiento se había desempeñado como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se encargó de investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. También trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
Ayotzinapa, un crimen de Estado
El 18 de agosto Encinas presentó en conferencia de prensa el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el que, además de reconocer que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado, se detalla que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles. También se confirmó la infiltración en la escuela de un soldado que al día de hoy permanece desaparecido.
El trabajo del organismo creado por el gobierno de López Obrador en 2018 desmontó la llamada “verdad histórica” que defendió la administración del expresidente Peña Nieto. Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales al cartel Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Luego de ser baleados sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, según la misma tesis, rechazada por familiares, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
