Desde Lima
La convulsión social no da tregua. Las movilizaciones de protesta en buena parte del país no ceden. En un desembalse de bronca contenida contra una clase política desacreditada y demandas sociales largamente desatendidas, la indignación ciudadana escala, la violencia se desborda en diversos lugares y la represión ha dejado hasta ahora seis muertos. Mientras la presidenta Dina Boluarte hacía un llamado a la calma frente a las protestas y anunciaba un posible nuevo adelanto de elecciones -hace unos días anunció que se adelantaban de 2026 al mes de abril de 2024-, en un intento de parar el desborde popular que exige que “se vayan todos”, el encarcelado exmandatario Pedro Castillo se presentaba ante un tribunal y denunció que su detención “es injusta y arbitraria”. Aprovechó la ocasión para pedir que se detenga la represión contra las protestas.
Este martes, un tribunal de la Corte Suprema rechazó la apelación de Castillo contra su detención preliminar por su fracasado intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso que buscaba sacarlo de la presidencia. Esa orden de detención preliminar vence este miércoles y se espera que la fiscalía solicite la prisión preventiva del expresidente por los cargos de rebelión y conspiración luego de que el Congreso dominado por la derecha le levantara la inmunidad al expresidente en la madrugada del lunes en medio de denuncias que no se había respetado el debido proceso y el derecho de defensa. La defensa del expresidente argumenta que no hay delito porque el cierre del Congreso no se concretó, no hay una orden escrita en ese sentido y todo quedó reducido al discurso que dio Castillo sin que lo dicho en ese mensaje se haya ejecutado. Los abogados del expresidente también señalan que para que se concrete el delito de rebelión debe haber “un alzamiento en armas” que en este caso no se ha dado.
“No estoy preso por ladrón”
“Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Pero quisiera dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, lucha e identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la 1:42 de la tarde quiero que me acompañe mi pueblo. Nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión”, señaló Castillo desde su prisión en la audiencia virtual del tribunal que negó su apelación contra su detención preliminar. El llamado a que lo acompañen a esa hora en la tarde de este miércoles es porque en ese momento se cumple la orden de detención preliminar y deberá ser dejado en libertad o, de lo contrario, puesto bajo prisión preventiva si así lo dispone un juzgado antes que se venza ese plazo.
La destitución de Castillo gatilló las protestas, abrió las puertas del desembalse popular. Pero antes que darle un respaldo a Castillo, la mayoría de las movilizaciones exige el cierre del Congreso, que “se vayan todos” y se convoque a nuevas elecciones. Las movilizaciones no demandan que Castillo sea restituido en la presidencia, aunque hay sectores movilizados que exigen la libertad del expresidente.
El Congreso en la mira
“La gran movilización no es en apoyo a Castillo, por defenderlo, es porque si ya se fue Castillo la gente quiere que ahora se vaya el Congreso que maneja la derecha. La gente lo que no quiere es que solo se vaya Castillo y la derecha que está en el Congreso se quede y aproveche eso. Es muy difícil defender a Castillo por lo que hizo, su discurso golpista aunque no sea delito porque solo fue un discurso que no se concretó en ninguna acción, le ha quitado autoridad política y moral para seguir gobernando. Las movilizaciones, salvo algunas pocas, no son para reponerlo en la presidencia. Pero hay que decir que con Castillo se está cometiendo un abuso, no se está cumpliendo el debido proceso y lo están acusando de un crimen como rebelión que no existió”, le señaló a Página/12 el sociólogo y profesor universitario Sinesio López.
Puesto contra las cuerdas por una importante movilización popular que tiene sus focos más activos en las zonas andinas, pero también ha llegado a las calles de Lima y se ha extendido a buena parte del país, el nuevo gobierno ha formado un comité de crisis por las protestas y ha enviado a varios ministros al interior del país para buscar abrir un diálogo con los manifestantes. Continúan los bloqueos de carreteras, ataques a locales públicos, oficinas judiciales, empresas, comisarías, el aeropuerto de la ciudad de Arequipa y medios de comunicación acusados de desinformar sobre las protestas. Se ha intentado tomar centrales de generación eléctrica y de gas. El abandono y la frustración de años, el amplio y profundo rechazo a la clase política identificada con la corrupción y la defensa de intereses particulares, se expresa con rabia en estas movilizaciones.
Boluarte pide calma
La presidenta Boluarte pidió calma y anunció un posible nuevo adelanto de elecciones, el principal reclamo en estas protestas. Su anuncio de adelantar las elecciones de 2026 al mes de abril de 2024 no ha sido aceptado. Por eso señaló este martes que los comicios se podrían adelantar para antes de esa fecha.
“He dicho que este gobierno va a ser dialogante. Desde esta posición de presidenta pido calma. Por favor, hermanos y hermanas, calma. Todos tenemos derecho a protestar, pero no a generar vandalismo, quemar hospitales, ambulancias, comisarías, tomar aeropuertos, eso no es una marcha de protesta normal, eso llega a extremos. Dicen que se cierre el Congreso, pero legalmente eso es difícil, por querer cerrar el Congreso miren dónde está ahora el presidente Pedro Castillo. He dicho que vamos a adelantar las elecciones. El cronograma no lo manejo yo, lo maneja el Congreso. Se dijo que las elecciones serían en 2024, pero voy a conversar con el Congreso para acortar ese plazo”, señaló la presidenta, que ha tenido una convulsionada primera semana de gobierno.
El sociólogo López señala que la única salida a esta crisis que ha estallado en protestas populares, es un nuevo adelanto de elecciones, ya no para 2024 sino para 2023. “No puedo decir si ya estamos en un estallido del modelo neoliberal, que tiene 30 años de grandes contradicciones, clivajes y tensiones, pero estamos en el borde de eso. Si esto crece, como todo indica, van a tener que irse todos pronto, no creo que se pueda llegar al año 2024 sin elecciones, tendrán que ser en 2023. Esa es una salida que podría contener esta avalancha de protestas. Se deben cambiar las reglas del sistema electoral para abrir el espacio para que grupos de ciudadanos puedan formar nuevos partidos y presentarse a las elecciones. Con las mismas reglas no habrá la renovación que se exige. La Asamblea Constituyente que también se demanda en estas protestas es inevitable que se dé, pero eso vendrá luego”.
En el Congreso la izquierda ha anunciado la interpelación del ministro del Interior por las muertes en las protestas. Con seis muertos, la derecha parlamentaria y mediática exige más represión, llama “vándalos” y “terroristas” a los manifestantes, y demanda represalias contra la izquierda.
La presidenta Boluarte ha asegurado que ha ordenado detener la represión, que la policía no use armas letales, “ni siquiera perdigones de goma”, y que se identifique a los policías que usaron armas contra la población causando muertes, a los que, dijo, “les caerá todo el peso de la ley”.
