La Fiscalía de Perú conminó a la presidenta Dina Boluarte a exhibir los relojes Rolex en su posesión, y ella pidió hacer su declaración ante la autoridad a la brevedad, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el martes pasado y para dar su testimonio un día después, pero pidió reprogramar ambas citas debido a su “cargada agenda”. Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno. La mandataria denunció que el operativo fue realizado de forma “arbitraria, abusiva y desproporcionada”.
La advertencia de la Fiscalía
“Se ha citado formalmente a la presidenta de la República, para que exhiba los relojes Rolex y preste la declaración el viernes 5 de abril”, dijo el Ministerio Público en un comunicado difundido este domingo. Además señaló que en las diligencias, en la madrugada del sábado en la vivienda particular y en Palacio de Gobierno, no se encontraron los objetos de valor ni la mandataria hizo entrega de los mismos.
Sin embargo la Fiscalía aclaró que en los allanamientos se obtuvieron “otros elementos de interés para la investigación”. Medios locales señalaron que se hallaron documentos de cuándo habría sido obtenido uno de los relojes. La Fiscalía realiza una investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito, debido a que Boluarte no habría declarado la posesión de los bienes en cuestión. Las indagaciones empezaron el pasado 18 de marzo.
“Arbitraria, desproporcional y abusiva”
Luego del comunicado de la Fiscalía, Boluarte envío una nota para pedir que “se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata, a fin de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación”. Argumentó que lo hace ante “la turbulencia política que se viene produciendo”, aunque no confirmó si llevará o presentará los relojes Rolex que son objeto de la investigación.
La carta, dirigida al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, solicita que deje sin efecto la programación inicial del próximo viernes. “Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva”, afirmó la presidenta el sábado en un pronunciamiento junto a su gabinete.
De 61 años y en la presidencia desde diciembre de 2022, Boluarte manifestó que es atacada sistemáticamente y que, por lo tanto, “es un ataque a la democracia y el estado de gobierno”. Los allanamientos del sábado fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del fiscal de la nación.
En caso de que la Fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución. El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.
Para que eso ocurra, las bancadas de derecha que controlan el Parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las bancadas minoritarias de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar. El sábado, 26 de los 130 congresistas de la bancada de izquierda presentaron una moción de vacancia contra la presidenta ante las directivas del Parlamento.
