Desde Lima
Por decisión judicial, la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, de 27 años, ha quedado bajo prisión preventiva por 30 meses, un plazo ligeramente menor a los tres años pedidos por la fiscalía. Un duro golpe contra Castillo, que ha criado a su cuñada desde niña y la llama “mi hija”. La oposición celebra. La fiscalía acusa a Yenifer Paredes por los delitos de colusión agravada, lavado de activos y pertenecer a una organización criminal para hacerse de obras públicas con licitaciones arregladas. Es el inicio de un proceso por corrupción que puede complicar al propio presidente. El juez Johnny Gómez justificó su decisión de dictar prisión preventiva argumentando peligro de fuga y de obstrucción al proceso al que la cuñada del presidente está sometida. También se dictó prisión preventiva contra su coacusado José Medina, alcalde de Anguía, pequeño distrito andino rural donde vivía la familia presidencial antes de mudarse al Palacio de Gobierno.
Pero la fiscalía no solamente apunta contra la cuñada del presidente. Su acusación también incluye a otros miembros de la familia presidencial: la esposa de Castillo, Lilian Paredes, y los otros dos cuñados del presidente, Walter y David Paredes. Para ellos, el fiscal Jorge García ha pedido impedimento de salida del país, lo que se debe resolver en los próximos días. La acusación fiscal se sostiene en buena parte en el testimonio del empresario Hugo Espino, beneficiado con obras, quien para evitar su detención ha acusado a la familia presidencial de manejar licitaciones corruptas. Espino ha dicho que pagó una coima de 228 mil soles (unos 60 mil dólares) al alcalde de Anguía para obtener una obra de saneamiento por 3 millones de soles (790 mil dólares), y que la operación se hizo en complicidad con la familia presidencial, la que, según su testimonio, se benefició económicamente con la operación.
La fiscalía cerca a la familia presidencial, pero apunta más alto. Su objetivo final es el presidente. Acusa a Castillo de ser la cabeza de la supuesta organización criminal para ganar licitaciones ilegalmente. Señala que un Decreto de Urgencia para facilitar la inversión pública en infraestructura en más de cien distritos del país por 496 millones de soles (130 millones de dólares) firmado por Castillo, que la fiscalía dice tenía el objetivo de facilitar el direccionamiento de las licitaciones. El distrito de Anguía, centro del caso de la fiscalía contra la familia presidencial, se benefició con una parte mínima de la inversión pública autorizada por este decreto: cinco obras por 9,6 millones de soles (2,6 millones de dólares). Una de esas cinco obras es la entregada a Espino. Según informan medios locales, en su declaración ante la fiscalía Espino habría dicho que fueron veinte obras en distintas partes del país, por un monto de 71,9 millones de soles (18,9 millones de dólares), las que, al amparo del decreto que la fiscalía cuestiona, quedaron en manos del entorno de Castillo. Pero la fiscalía ha presentado con datos solamente el caso de la obra en Anguía en la que Espino participó directamente.
Por su fuero, Castillo no está incluido en la investigación del fiscal Jorge García, es investigado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El mandatario tiene seis investigaciones fiscales abiertas. Además de este caso, por otras licitaciones con denuncias de pago de coimas, irregularidades en los ascensos militares y policiales, un supuesto encubrimiento a colaboradores y parientes investigados por corrupción. La fiscal de la Nación que lo investiga está denunciada por haber destituido a la fiscal que investigaba a su hermana, una jueza acusada de recibir coimas para absolver narcotraficantes, y es cuestionada por haber debilitado el equipo fiscal que investiga una mafia judicial ligada al fujimorismo.
Los medios apuntan contra Castillo como no lo han hecho contra otros gobiernos cuando estaban en el poder -gobiernos muy corruptos ha habido muchos, como evidencia las condenas o procesos judiciales contra seis expresidentes-, presentan las acusaciones de corrupción en su contra como condenas consumadas, al tiempo que miran para otro lado o minimizan las denuncias de corrupción cuando se trata de la derecha.
Acosado por las críticas y denuncias, el presidente ha salido a las calles y plazas para buscar reconectarse con las bases populares que lo eligieron. En su discurso jura inocencia, ataca a sus acusadores, muchos con un largo historial de corrupción encima, y habla de una persecución en su contra con motivaciones racistas. La derecha busca aprovechar a favor de sus intereses las acusaciones de corrupción en contra de Castillo y hay en motivaciones racistas en muchos que atacan al presidente, pero también existen comprometedoras evidencias que vinculan a su entono cercano con manejos ilegales y que lo salpican, sobre las que Castillo no ha dado explicaciones satisfactorias.
Castillo recupera aprobación
Una encuesta de este domingo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que a pesar de que en las últimas semanas han arreciado los cuestionamientos y acusaciones en su contra, el respaldo a Castillo ha subido en el último mes de 25 a 29 por ciento. Por el contrario, el Congreso que maneja la oposición que lo acusa y lo quiere destituir tiene una ínfima aprobación de solo 8 por ciento.
PáginaI12 consultó con el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén sobre esta alza de Castillo en las encuestas en un momento crítico de su gobierno. “Ha subido en las encuestas porque en términos económicos no estamos tan mal, está haciendo ofrecimientos, ha cambiado de discurso y ahora habla del racismo en su contra, la segregación en el país, y eso lo acerca a los sectores populares que han sido su base. El desprestigio de quienes lo acusan, vistos como corruptos, lo ayuda. La campaña masiva en su contra de medios que están desacreditados, que es vista como un cargamontón, lo favorece”.
