La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo acusándolo de autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, informó este viernes el Ministerio Público a través de un comunicado.
“El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022”, publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X.
La Fiscalía también pidió 25 años de prisión por el delito de rebelión para la entonces primera ministra, Betssy Chávez, quien está desde junio del 2022 bajo prisión preventiva por 18 meses. El Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
El proceso de destitución
El exmandatario está recluido desde ese 7 de diciembre en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
Aquel día Castillo anunció en un discurso a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto. Por esa decisión fue destituido por el Congreso y arrestado por su propia escolta.
La semana pasada el Poder Judicial de Perú rechazó la solicitud presentada por el expresidente para revisar la petición de 36 meses de prisión preventiva dictada en su contra. El magistrado Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, señaló que la investigación en curso es compleja y que existe la posibilidad de riesgo de fuga y obstaculización por parte de Castillo.
La defensa de Castillo
En declaraciones a Página/12, Guido Croxatto –abogado argentino que lidera la defensa internacional de Castillo— dijo que en Perú “se violaron todos los procedimientos constitucionales en la vacancia de Castillo porque hay procedimientos establecidos en la Constitución para destituir a un presidente y no fueron respetados. El Código Penal establece -además- que para ser punible, una tentativa tendría que ser idónea para el fin que se propone. Pero Castillo no tenía apoyo de la policía ni los militares; más bien lo estaban derrocando. El hecho no es punible porque no es delito. Tampoco hay flagrancia si antes no hay delito. Es una persecución política para distraer la atención. El juez Chekley interpreta en forma extensiva el delito de rebelión que se le imputa, pero eso pervierte el principio de legalidad. Porque la conducta de Castillo no encaja en el tipo penal. Todo esto se debe a que la popularidad de Boluarte está por el piso y el Congreso tiene un rechazo mayor al 90 por ciento. Por eso criminalizan a Castillo, quien crece en las encuestas. Son fallos arbitrarios sin ningún asidero jurídico. La Corte Suprema peruana cita jurisprudencia argentina en desuso como el caso Balbín, luego desestimada por nuestra propia Corte. Pero el Tribunal Constitucional peruano –que incumple con el sistema interamericano- está ocupado por jueces fujimoristas. Por eso Fujimori está libre pese a sus crímenes y Castillo, que no hizo nada, está preso. No declaran nula la vacancia de Castillo porque son fujimoristas y lo mantienen preso, justamente a quien derrotó a Keiko Fujimori. Lo mismo sucede en el Tribunal Constitucional boliviano, que acaba de proscribir a Evo Morales. Es la misma situación que en Bolivia: los indios no pueden hacer política. No pueden cambiar la Constitución. Los indios y los cholos como Evo o Castillo tienen que callarse la boca y agachar la mirada. Esa es la moraleja jurídica. Fujimori está libre y Castillo está preso. Es una vergüenza para todo el sistema de justicia”.
