La situación económica que atraviesa el Reino Unido produjo una ola de huelgas en los últimos meses. Durante el verano, las protestas se multiplicaron. Transportes aéros y marítimos, en Amazon, call centers, abogados criminalistas y el servicio de enfermería, fueron algunas de las medidas de fuerza con las que lidió Liz Truss desde su llegada al gobierno.
Esta vez, fue el turno de los trabajadores del servicio ferroviario. El paro contó con el aval de 40 mil miembros de RMT (sindicato del sector del transporte). La demanda es un aumento de sueldos frente al récord histórico de inflación que golpea a la economía británica. En julio el costo de vida alcanzó el 10,1%, el más alto de los últimos 40 años.
Es la segunda huelga del mes. El 1 de octubre pasado, los cuatro sindicatos del sector (RMT, Unite, Aslef y TSSA) organizaron un paro y movilización en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo.
El secretario general de RMT, Mick Lynch, pidió al gobierno que medie entre sindicatos y empresarios para negociar un acuerdo. El gremialista advirtió a la ministra de Transporte, Anne Marie Trevelyan, en una carta: “Debe liberar a los operadores ferroviarios que, en la actualidad, reciben su mandato directamente de usted”.
El descontento en el Reino Unido es ostensible. La marcha atrás de Liz Truss dejó en evidencia la magnitud de la crisis cuando suspendió disminución impositiva de 7 mil millones de libras, una de sus promesas de campaña.
