El Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia entró en vigencia este lunes en virtud de una ley que activa su validez después de 60 días sin que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP, Parlamento) lo aprobara, informó la prensa local.
La falta de decisión del Parlamento se debió a las diferencias internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) gobernante y entre este y la oposición, según el diario cochabambino Los Tiempos.
La ley establece la vigencia del PGE del “1 de enero al 31 de diciembre de 2024” y su aprobación al margen de la autorización del parlamento está prevista en la Constitución.
El PGE rige por “un importe total agregado” equivalente a 48.896 millones de dólares y “un consolidado” equivalente a 38.154 millones de dólares.
La ley del PGE fue entregada al Parlamento a principios de noviembre, pero se empezó a debatir el mes pasado entre múltiples enmiendas propuestas por el bloque del oficialismo que respalda al expresidente Evo Morales y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, lo que hizo imposible su aprobación al no llegar a acuerdos.
El ampliado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba pide a Lucho obras estructurales y no piedras fundamentales.
Evaluamos y concluimos con la comprobación de que el gobierno se ha derechizado. Es traidor y ajeno a los principios del MAS-IPSP por la toda la… pic.twitter.com/bXNhuEjLIO
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 31, 2023
El sector del MAS que responde al presidente Luis Arce buscó agilizar su aprobación.
La Cámara de Diputados excluyó un artículo referido a un nuevo endeudamiento del país por 700 millones de dólares y lo remitió a la Cámara de Senadores, que, a su vez, excluyó otra cláusula referida a la autorización de otro endeudamiento por 2.000 millones de dólares, además un artículo que pretendía modificar dos leyes.
Creemos, Comunidad Ciudadana y la fracción evista del MAS rechazaron el receso legislativo para que la ALP debatiera y aprobara el PGE 2024.
Ante ello, el vicepresidente David Choquehuanca informó en un comunicado que el Gobierno “impuso” la aplicación del receso sin una comisión especial que funcionara en este tiempo.
De esa manera, el oficialismo aguardó para que el presupuesto se pusiera en vigencia de forma automática.
El presupuesto consolidado tiene un crecimiento de 8,9 % con respecto al del año pasado.
Del total de la inversión pública, 56% (unos 2.375 millones de dólares) se destinará al sector productivo y otro 22% (962 millones de dólares), al área social, que incluye educación, salud, seguridad social y cultura, entre otros.
Asimismo, el Gobierno proyectó una tasa de crecimiento de 3,71 % y una inflación de 3,60 %, mientras la inversión pública alcanzará a 4.274 millones de dólares.
