Tras 16 días de bloqueos de carreteras por parte de los campesinos en Bolivia, el presidente Luis Arce promulgó la ley aprobada en el Congreso para convocar las elecciones judiciales, que fueron suspendidas el año pasado. Esta situación había llevado a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prorrogara su mandato, mientras que unos días después emitió una sentencia para inhabilitar al expresidente Evo Morales para postularse nuevamente a la presidencia en 2025.
La semana pasada el Comité Impulsor de Justicia denunció a los magistrados del TCP por los presuntos delitos de usurpación y prolongación de funciones y solicitó la detención de todos ellos. El comité se formó en 2021 por un conjunto de abogados bajo el argumento de que había falta de voluntad política por parte del gobierno para hacer justicia por las muertes, la violencia y las persecuciones relacionadas con el golpe de Estado de 2019, por lo que incluso presentaron demandas contra los protagonistas de los hechos de aquel año, entre ellas la exmandataria Jeanine Añez.
En diálogo con PáginaI12, el abogado boliviano Rolando Cruz Pemintel, miembro del comité, criticó a los integrantes del TCP y al actual gobierno, al tiempo que señaló que el Comité estuvo siguiendo de cerca la problemática que tuvo en vilo a Bolivia en las últimas semanas. “Tenemos mucha documentación. Si corresponde acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a hacerlo porque el poder judicial está manejado por el gobierno”, remarcó. “Nuestro propósito es defender el Estado plurinacional. Estamos empeñados en seguir defendiendo esta institucionalidad que fue construida con mucho sacrificio”, añadió.
– ¿Qué análisis hace de la aprobación en el Congreso de la ley para las elecciones judiciales?
– Estos últimos días fueron de vital importancia para resolver este conflicto. Las movilizaciones y bloqueos fueron determinantes para lograr la promulgación de la ley 144, que determina que va a haber elecciones judiciales en el término de aproximadamente tres a cuatro meses. La presión de las organizaciones sociales obligó al gobierno a negociar con las fuerzas políticas que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, aún queda pendiente la aprobación de la ley 075, que busca suspender de forma inmediata la decisión de autoprórroga por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Agrario y el Consejo de la Magistratura. Es decir, con esa ley se dejaría sin efecto la declaración constitucional emitida el 11 de diciembre que establece la prórroga indefinida de estos mal llamados magistrados.
– Ellos debían haber concluido su mandato el 31 de diciembre…
– Autoprorrogarse a través de una declaración constitucional fue una decisión vulneratoria a derechos y garantías fundamentales y obviamente a la propia Constitución. Esto, por supuesto, provocó la reacción absolutamente natural de la gente, a través de los bloqueos en todo el país. La movilización estuvo marcada por una brutal represión del gobierno, que prácticamente tomó por asalto a casi todas las organizaciones sociales.
– ¿Cuánto más podrían haber aguantado los bloqueos ante el desabastecimiento?
– Es probable que, como estrategia, el gobierno estuvo jugando al cansancio de la gente. El viernes pasado, cuando tomó la determinación de reunir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, podría haberlo organizado para el día siguiente si de verdad querían resolver el problema. De alguna forma, el gobierno estratégicamente llevó a sesionar entre el lunes y el martes porque a partir del jueves empezaba el famoso carnaval en Bolivia. Obviamente eso pudo haber desmovilizado a las organizaciones sociales que estuvieron como soldados en todos los puntos de bloqueo.
– ¿Qué piensa sobre la sentencia de los miembros del TCP a finales de diciembre para inhabilitar la candidatura de Morales?
– El TCP tiene una pretendida y manifiesta intencionalidad de autoprorrogar su mandato por mucho tiempo y así inhabilitar definitivamente a Evo Morales como candidato presidencial. Ese es el pretexto para querer quedarse y están dadas las condiciones ya que el Ejecutivo maneja a su antojo el poder judicial.
– ¿La interna entre Morales y Arce puede llevar a que la derecha boliviana crezca de cara a las próximas elecciones?
– Infelizmente, eso es lo que va a ocurrir. Esta división prácticamente es irreversible, nunca más va a haber un nivel de acercamiento porque el actual gobierno dejó de lado principios elementales que tiene el Movimiento al Socialismo en el orden económico, institucional y político. Por ejemplo, adoptó una relación estrecha con la USAID, el brazo operativo de Estados Unidos vigente en Bolivia, y nos está empujando una crisis económica, están vaciando las arcas del Estado. Con absoluta seguridad va a agarrar el pretexto: “Bueno, como ya no tenemos plata, vamos a tener que acudir al FMI”. En otras palabras, el gobierno va a asumir la misma conducta que tuvo Lenín Moreno en Ecuador y que está asumiendo Javier Milei en Argentina. Va a tirar al tacho todo lo que se construyó. Incluso apuntaron a reformar la propia Constitución. Habían comenzado a cuestionar la forma de elección de los jueces del TCP y del Poder Judicial, que en realidad se deben elegir a través de voto popular. Ellos querían plantear otra fórmula de elección y que por supuesto no condice con la verdadera esencia y la filosofía de la Constitución Política del Estado y el Estado plurinacional como tal.
Entrevista: Axel Schwarzfeld
