A un mes de la aplicación de la nueva Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual en España, la legislación que pretendía proteger a las víctimas de delitos sexuales provocó que, en algunos casos, se redujera la pena de los condenados.
La ley popularmente conocida como “Solo si es sí” nació como respuesta al famoso caso de “La manada”, en el que cinco hombres violaron en grupo a una joven de 18 años en la ciudad de Pamplona. El hecho provocó una serie de manifestaciones que exigían el endurecimiento de las condenas y mayor protección para las víctimas de agresión sexual.
Sin embargo, la redacción del texto despertó numerosas críticas. Uno de sus postulados más importantes, “solo si es sí”, hace referencia al consentimiento. Según la ley, “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona“. Esto implica que una agresión sexual no supone necesariamente la violencia física.
Otra de las críticas a la legislación surgió de organizaciones de juristas, entre ellas la Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de la Justicia española que publicó en 2021 un informe con cuestionamientos.
El principal reparo de los jueces es el principio de inocencia. Según lo esgrimido, el texto de la ley obliga al acusado a demostrar que la víctima dio el consentimiento antes del acto sexual, es decir debe probar que es inocente, vulnerando así las bases del derecho penal.
Además, el CGPJ también había alertado por la reducción de las sentencias ya que el texto de la nueva ley establece la baja de las penas mínimas o máximas en el caso que no hubiera agravantes.
Un mes después de la aplicación, los abogados de condenados en diferentes casos por violación piden la reducción de penas para sus defendidos. Paradojicamente, uno de ellos podría ser el caso de “la manada”, su defensor ya anunció publicamente que apelará las sentencias a raíz del nuevo régimen.
La ministra española de Igualdad, Irene Montero, acusó a la Justicia de machista por interpretar la ley en contra de las víctimas de delitos sexuales, defendió la redacción del texto y pidió que los magistrados se capaciten en materia de género.
