El reclamo de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur constituye junto con la reivindicación del sector Antártico comprendido entre los meridianos 74 y 25 y el paralelo 60, la demanda pendiente de reclamos territoriales de la República Argentina. El primero de ellos inclusive es consignado en la “disposición transitoria primera” de la Constitución Nacional que reivindica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre todas aquellas islas, mares y espacios insulares, aunque estipula que “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Queda claro que, por una parte en Malvinas, la Argentina ha renunciado constitucionalmente al uso de la fuerza y, en el caso de la Antártida, si bien no ha declinado las reivindicaciones de soberanía debe – como todos los país signatarios del Tratado Antártico (del cual el país es uno de sus firmantes originales y sede en Buenos Aires de su Secretaría Ejecutiva)- sostener sus demandas por vía de la demanda pacífica.
Es en este plano que la política exterior y la política de defensa nacionales marchan al unísono, como en todos los planos, pero más afirmativamente aún en éste. Las FFAA, paradójicamente sin armas porque están prohibidas por el Tratado Antártico, están dedicadas intensamente al transporte, alojamiento y resguardo de los científicos nacionales que en cada mayor número atienden al desarrollo del conocimiento en la región más austral de la Tierra.
Todo el territorio de Malvinas, el Atlántico Sur (la mayor reserva pesquera del mundo) y la Antártida están más allá de la neutralidad valorativa; están sometidas a una tenaz disputa sobre sus grandes recursos y posibilidades pese a que, en el caso del Continente Blanco, las disposiciones del tratado vigente, cancelan la explotación económica. Pero el tiempo pasa y nunca se sabe…
Por ello es que la posibilidad de unir fuerzas para luchar juntos por empeños coincidentes constituye una posibilidad para los países suramericanos que también se proyectan sobre la Antártida que se enfrentan a las grandes potencias noratlánticas y a los poderosos intereses económicos que operan sobre las inmensas riquezas pesqueras y las enormes reservas petroleras.
El mayor antecedente sobre el tema lo constituye la declaración conjunta firmada el 12 de julio de 1947 por los ministros de Relaciones Exteriores de Chile (Raúl Juliet) y de Argentina (Juan Atilio Bramuglia), a inspiración de los presidentes Gabriel González Videla y Juan Domingo Perón. Allí los gobiernos trasandinos hablaban de “llegar lo antes posible a la concertación de un Tratado argentino-chileno de límites en la Antártida Sudamericana”. El tema, bien recordado en el excelente libro del desaparecido político argentino Mario Cafiero, “Las Malvinas Argentinas y Sudamericanas”, expresa otra faceta de la construcción concreta de la Patria Grande subcontinental. Esta perspectiva se enfrenta con los lamentables acuerdos suscriptos por los gobiernos de Menem y Macri que trataron de legitimar los avances transnacionales sobre la región. En los marcos de la preservación ecológica, la desmilitarización y específicamente la desnuclearización sobre la Antártida y la promesa constitucional de preservar los intereses políticos, sociales, culturales y económicos de la población de las Malvinas, el empeño regional (sudamericano y latinoamericano) debe dar otra base de respaldo a la presencia nacional de los países hermanos de la región. Es preciso recordar que hasta en el plano de las FFAA, Chile y Argentina han constituido la Fuerza de Paz “Cruz del Sur”. ¿No será la ocasión de inaugurar sus operaciones con una acción conjunta en las regiones antárticas reclamadas por ambos países?
