El Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño suspendió las investigaciones ordenadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro sobre las actividades de las empresas demoscópicas, Datafolha, Ipec e Ipespe, por sospechas sobre sus encuestas de cara a la primera vuelta de las elecciones en el país.
El presidente del TSE, el magistrado Alexandre de Moraes, en la decisión adoptada este jueves en la noche tildó de incompetentes a los órganos que adelantarían las indagaciones y señaló que las investigaciones parecen carecer de una causa justa.
La Policía Federal abrió una investigación este jueves, luego de una solicitud del Ministerio de Justicia, dirigido por Anderson Torrres, que señaló a las encuestadoras por posibles prácticas delictivas en la difusión de sondeos de opinión y por presuntas manipulaciones de los datos que habrían tenido la intención de favorecer al exmandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Por su parte, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), órgano que vela por la libre competencia, inició su propia investigación para determinar si las encuestadoras actuaron como cartel para manipular las elecciones.
Ambos procedimientos fueron anunciados luego de la publicación de una nueva encuesta de Datafolha, que la semana pasada seguía mostrando a Lula en la delantera para el balotaje del 30 de octubre, con 49 por ciento de las intenciones de voto, contra el 44 por ciento de Bolsonaro.
Según el magistrado, tanto el Cade como la Policía Federal se basan únicamente en presunciones relacionadas con la no conformidad de los resultados de las encuestas, sin que exista mención a indicios mínimos de formación de vínculo subjetivo entre los institutos señalados o incluso prácticas de procedimientos ilícitos.
“Los procedimientos parecen demostrar la intención de satisfacer la voluntad electoral de Bolsonaro”, escribió Moraes, quien, como magistrado también de la corte suprema, conduce varias investigaciones que involucran al presidente y sus aliados. Además ordenó a la fiscalía electoral investigar esas acciones por posible abuso de poder y desvío de finalidad en el uso de organismos administrativos.
Antes de la votación del 2 de octubre, el expresidente de izquierda superaba a Bolsonaro en los sondeos por un margen de hasta 14 puntos porcentuales en las intenciones de voto. Pero la diferencia en las urnas fue significativamente menor ya que Lula cosechó el 48,4 por ciento, dentro del margen de error, mientras que el presidente ultraderechista logró un 43,2 por ciento, lejos del máximo de 37 por ciento atribuido en los meses previos por institutos de reconocida trayectoria en Brasil como Datafolha e Ipec.
Luciana Chong, directora de Datafolha, advirtió que las encuestas no anticipan resultados y atribuyó la diferencia a una migración a última hora de votos hacia Bolsonaro de electores que indicaban que todavía podían cambiar de opinión.
Bolsonaro y su relación con las encuestadoras
Bolsonaro, acusó este viernes al presidente del Tribunal Superior Electoral de trabajar para su derrota en el balotaje del 30 de octubre ante Lula da Silva luego de negar un pedido del bolsonarismo para investigar supuestos delitos de las principales empresas de encuestas.
“Las encuestadores van a seguir mintiendo y con esas mentiras, ¿cuántos votos arrastran para el otro lado? Las personas generalmente votan a quien va ganando”, dijo durante una entrevista en un canal de YouTube.
El presidente ultraderechista acusó a Moraes de trabajar para la victoria de Lula debido a que tiene vínculos políticos con Geraldo Alckmin, el candidato a vice de la fórmula opositora, que fue gobernador de San Pablo. Según Bolsonaro, Moraes se asegura poder gobernar el país en caso de una victoria de Lula. “Si gana Lula el que gobernará es Alexandre de Moraes”, sostuvo Bolsonaro, quien es investigado por el mismo magistrado en el Supremo Tribunal Federal en cuatro procesos vinculados a acciones criminales contra el sistema constitucional.
Bolsonaro y sus seguidores no tienen buena relación con estas empresas demoscópicas. A mediados de septiembre, la encuestadora Datafolha denunció que al menos diez de sus encuestadores fueron atacados por bolsonaristas en diferentes puntos del país.
Los casos ocurrieron en los estados de San Pablo, Minas Gerais, Alagoas, Maranhão, Goiás, Pará, Río Grande do Sul y Santa Catarina. Según la versión de la empresa, las personas que buscaban intimidar a los investigadores y, en la mayoría de los casos, se declaraban como bolsonaristas o citaban el nombre del presidente Jair Bolsonaro. Luciana Chong, informó que los atacantes acusaban al instituto de ser comunista y en algunos casos trataban de filmar a los entrevistadores para intimidarlos.
